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Exvicepresidenta de Cataluña se responsabiliza por la consulta de 2014

© REUTERS / Albert GeaJoana Ortega, exvicepresidenta de Cataluña
Joana Ortega, exvicepresidenta de Cataluña - Sputnik Mundo
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La exvicepresidenta de Cataluña, Joana Ortega, ha asumido este martes en su declaración ante el juez que tiene la "máxima responsabilidad del proceso participativo" celebrado el 9 de noviembre sobre la independencia.

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Ortega acudió esta tarde a declarar como imputada ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por la consulta soberanista. Esta mañana lo hacía también la consejera de Enseñanza del Gobierno catalán, Irene Rigau, y el próximo jueves será el turno de Artur Mas.

La política catalana aseguró que siempre actuó "con respeto a la legalidad" y no tiene "ninguna conciencia de haber desobedecido al Tribunal Constitucional".

"No es bueno criminalizar un acto democrático", aseguró Ortega, que ha pedido al magistrado que finalice este proceso que considera "injusto", según ha explicado a los medios de comunicación.

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La querella de la Fiscalía investiga a Mas, Ortega y Rigau por los delitos de prevaricación, desobediencia, malversación y usurpación.

Concretamente, les acusan de haberse "negado abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución emanada del máximo intérprete de la Constitución", al haber organizado este proceso participativo sobre la independencia de Cataluña del 9 de noviembre pese a la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional.

Además, según la Fiscalía, los querellados podrían haber cometido un delito de malversación de dinero público por el gasto del Gobierno catalán en este proceso participativo soberanista.

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La malversación la cometen los políticos y funcionarios que "con ánimo de lucro que sustraigan o aprueben que un tercero sustraiga dinero público que tenga a su cargo por razón de sus funciones", explica el tribunal.

Estos delitos, de demostrarse, implica entre tres y seis años de prisión y una inhabilitación absoluta de seis a diez años.

El delito de usurpación de atribuciones judiciales castiga con entre seis meses y un año de prisión y de uno a tres años de suspensión del cargo las autoridades o funcionarios públicos que "impidan ejecutar una resolución dictada por una autoridad judicial competente".

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Rigau y Ortega llegaron a declarar este martes arropadas por los miembros del Gobierno de Cataluña, miembros de otros partidos independentistas y unas 200 personas que formaban concentración de apoyo.

Los manifestantes en Barcelona recibieron a las mandatarias con gritos de "La democracia no es delito" y "Fuera la justicia española".

Sin embargo, estas protestas no gustaron al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que ha criticado duramente estas concentraciones porque tratan de "cuestionar la legitimidad de los jueces" e "influir en su toma de decisiones".

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