Las autoridades egipcias han enmendado, por decreto presidencial, el código penal para hacer frente a la actividad de entrada ilegal de personas y productos en la zona fronteriza entre Egipto y la Franja de Gaza.
Egipto declaró el estado de emergencia en esta zona fronteriza a finales de octubre del año pasado, después de que al menos 33 miembros de las fuerzas de seguridad murieran en ataques en la península del Sinaí, una región estratégica fronteriza con Israel y Gaza y donde se halla el Canal de Suez.
Las personas que usen cruces ilegales para transferir bienes o equipamiento también podrán ser condenadas a cadena perpetua y podrán correr la misma suerte todos aquellos que conozcan estas acciones y no las denuncien ante las autoridades egipcias.
El gobierno de El Cairo tendrá derecho, a partir de ahora, a apoderarse de los edificios donde se sitúen los túneles o se encuentre cualquiera de las herramientas que se utilizan para excavarlos.
Los residentes de Sinaí, que se quejan de que durante muchos años han sido descuidados por el Estado, dependen del contrabando de comercio a través de los túneles con Gaza para subsistir.
Las autoridades egipcias ven los túneles como una amenaza para la entrada de combatientes de grupos que atacan a sus fuerzas de seguridad y se han dedicado a destruirlos.
En noviembre del año pasado, Egipto puso en marcha un plan para establecer una zona tapón entre su territorio y Gaza, en la zona de la ciudad de Rafah, y evacuó forzosamente a los habitantes de una zona de entre 500 metros y un kilómetro, donde destruyó todas las casas.
La ONG pro-derechos humanos Amnistía Internacional (AI) informó que Egipto desalojó por la fuerza a unas 1.165 familias de Rafah.
