El documento, censurado por el propio Gobierno y al que tuvo acceso el diario Público, recomienda derogar la Ley de Amnistía aprobada en 1977, dos años después de la muerte del dictador Francisco Franco.
"Ninguno de los gobiernos que se han sucedido desde la llegada de la democracia se ha planteado su derogación. Bien al contrario, han defendido su legitimidad y su valor pacificador cada vez que ha sido cuestionada por algún órgano de protección internacional de los derechos humanos", denunció la profesora de la Universidad Carlos III de Madrid Carmen Pérez González en el informe.
Pero los expertos recordaron que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) de Naciones Unidas avanza en sentido inverso y anima a los estados a luchar contra "la impunidad".
La Ley de Amnistía de 1977 perdona "los delitos y faltas cometidos por autoridades, funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas".
La ONU dictaminó que "los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles". Y ello incluye tanto a "las torturas como a las desapariciones forzadas", recordó la profesora.
En España la "desaparición forzada" no está siquiera tipificada "como delito autónomo", señaló Público.
Los expertos instaron al Estado "a que asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas".
El comité, que publicará su informe en una editorial tras la censura gubernamental, tacha de "insuficiente" la Ley de Memoria Histórica aprobado por el Gobierno socialista en 2007 que obliga a los familiares a realizar exhumaciones "a menudo privatizadas".
El conservador Partido Popular del presidente Rajoy anuló en 2011 "el presupuesto anualmente asignado para la implementación de la Ley de Memoria Histórica" y, con ello, "la casi completa paralización de los trabajos de exhumación".
El documento dice sobre las exhumaciones que "los familiares de las víctimas y las asociaciones han suplido funciones que corresponden al Estado".
Las asociaciones de víctimas del franquismo aseguraron que España es el país con más desaparecidos del mundo, en proporción a su población, tras Camboya.
