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    Mediante un comunicado oficial la Comisión especial de atención a víctimas (CEAV) anunció la paralización de sus trabajos, debido al recorte presupuestal en pos de la austeridad en las cuentas públicas publicado por el Gobierno Federal mexicano, a fines de abril de 2020.

    Aunque la situación fue refrendada públicamente por su titular, Mara Gómez Pérez, desde el Gobierno Federal se aseguró que el recorte excluye a los sectores dedicados a la atención en derechos humanos, sin que el titular del ejecutivo haya recibido aún a las familias organizadas que exigen una respuesta clara de qué va a pasar con ellos.

    Sputnik consultó a distintas beneficiarias de la CEAV —mayormente familias de personas desaparecidas— quienes explicaron que la situación no se les comunicó previo a su anunció público, algo que les generó un profundo impacto, ya que estos rubros sostienen buena parte de las búsquedas en campo de sus familiares, así como su participación como coadyuvantes en las investigaciones judiciales.

    "Aprovechando la pandemia, están haciendo este sabotaje a nuestras espaldas", dijo a Spuntik, Teresa Vera, integrante de la Plataforma de víctimas, una de las organizaciones de familiares que se han pronunciado contrarias al recorte.

    Deudas con la búsqueda

    El nombre de Teresa puede hallarse en distintos documentos del largo proceso organizativo que protagonizó el Movimiento por la paz con justicia y dignidad, fundado en el año 2011 por el poeta Javier Sicilia, después que su hijo Juan Francisco fuera asesinado junto a otros jóvenes en el estado de Morelos. Ese movimiento que articuló voces de familias de todo el país, promovió la primera legislación de atención y reconocimiento del Estado mexicano ante la falta de justicia oportuna y expedita para las miles de personas que desde entonces —y hasta ahora— han sido atravesadas por crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada.

    Minerva Vera —la hermana de Teresa— está desaparecida desde el 29 de abril de 2006 cuando salió de su casa en el municipio de Matías Romero, en el estado de Oaxaca. Teresa relató a Sputnik la indignación que sintió al enterarse de que el producto de "la lucha de las víctimas para tener esta ley de víctimas y la ley general de desaparición" (que fueron sancionadas en 2012 y en 2017, respectivamente) protagoniza ahora la crónica anunciada de su desarticulación.

    La CEAV es la principal herramienta para la atención y el acompañamiento psicosocial y jurídico de más de treinta mil personas que se encuentran inscritas en el Registro nacional de víctimas, tal vez, la principal política social de atención a esta parte del México herido.

    • Colectivos de familiares de personas desaparecidas se manifiestan frente al Palacio Nacional exigiendo atención al lresidente de la República sobre el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas y la renuncia de su titular Mara Gómez
      Colectivos de familiares de personas desaparecidas se manifiestan frente al Palacio Nacional exigiendo atención al lresidente de la República sobre el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas y la renuncia de su titular Mara Gómez
      © Foto : Cortesía de Ernesto Álvarez
    • Colectivos de familiares de personas desaparecidas se manifiestan frente al Palacio Nacional exigiendo atención al lresidente de la República sobre el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas y la renuncia de su titular Mara Gómez
      Colectivos de familiares de personas desaparecidas se manifiestan frente al Palacio Nacional exigiendo atención al lresidente de la República sobre el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas y la renuncia de su titular Mara Gómez
      © Foto : Cortesía de Ernesto Álvarez
    • Colectivos de familiares de personas desaparecidas se manifiestan frente al Palacio Nacional exigiendo atención al lresidente de la República sobre el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas y la renuncia de su titular Mara Gómez
      Colectivos de familiares de personas desaparecidas se manifiestan frente al Palacio Nacional exigiendo atención al lresidente de la República sobre el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas y la renuncia de su titular Mara Gómez
      © Foto : Cortesía de Ernesto Álvarez
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    © Foto : Cortesía de Ernesto Álvarez
    Colectivos de familiares de personas desaparecidas se manifiestan frente al Palacio Nacional exigiendo atención al lresidente de la República sobre el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas y la renuncia de su titular Mara Gómez

    Sin embargo, a pesar de su importancia, mantiene una estructura precaria de contratación de sus 603 funcionarios, de los que al menos la mitad son eventuales. La cifra sube al 60% de los 388 trabajadores que tiene en su sede principal de la ciudad de México, según datos aportados por su titular a la prensa.

    No obstante, la CEAV venía manteniendo desde hace meses largos retrasos en el pago de los apoyos en alimentación a las familias beneficiarias, así como un rezago enorme en la reposición de los gastos que las familias adelantan para acudir a las diligencias ministeriales que les corresponden por ley y que forman parte de las investigaciones judiciales de sus casos.

    "Cuando me dicen que hay una diligencia ministerial y el tiempo es muy limitado para pedir el viático correspondiente a la CEAV, yo trato de ir ahorrando algo para ese momento y poder disponer de algún dinero para mi pasaje. Así es que me voy a Oaxaca, yo lo solvento, pero de manera muy limitada, pero tengo siete meses pidiendo esas devoluciones y es a la fecha que no me han pagado",  explicó a Sputnik, Teresa Vera.  

    Esta situación fue publicada en este medio en el mes de mayo, cuando Patricia Manzanares —madre de Juan Hernández, desaparecido desde febrero de 2011— señaló que la titular de la CEAV, Mara Gómez mantenía reuniones selectivas con algunos grupos de familiares, así como había decenas de personas que no habían recibido el pago correspondiente.

    Ya entonces Gómez Pérez había declarado a la prensa que las familias "veían a la CEAV como una lotería", lo que había generado diversos comunicados en respuesta que manifestaron la indignación ante la falta de sensibilidad que demostró la titular del organismo. Sin embargo, nadie esperaba entonces que la situación diera el giro que tomó ahora: Gómez ha señalado a las familias que fueron ellas las que se acabaron los rubros públicos.

    "Mara Gómez afirmó que ya no hay dinero para pagar sueldos ni la renta del local y que se va a recortar un 75% del presupuesto de la partida para el funcionamiento de la Comisión pero nosotros exigimos que rinda cuentas por el gasto de las dos partidas que le entrega el Gobierno, la de funcionamiento y la de apoyo a víctimas. Si hubo desfalcos, que se investiguen y se sancione a los responsables, pero que no se haga un recorte general como está planteado", apuntó Vera en entrevista.

    Abandonadas en soledad

    Desde la ciudad de Poza Rica (Veracruz) dónde fundó el colectivo Unidas por amor a nuestros desaparecidos, Elba Hernández contó su estupor ante el anuncio oficial. Nada les mencionó sobre la paralización de la CEAV la comisionada Gómez en la reunión que mantuvieron a mitad de mayo, por vídeoconferencia. Lo que sí les dijo es que la mayoría de los rubros especiales de atención a víctimas de estos delitos de lesa humanidad — que les han generado graves afectaciones a su salud—  serían canalizados a los programas sociales generales que ofrece el Gobierno federal mexicano.

    Hernández refirió que en la reunión virtual mantenida con la comisionada Gómez, su mano derecha la docotora  María de los Ángeles Haces y el director general de vinculación, Michael Chamberlin, sólo se permitió la participación de cuatro integrantes del colectivo y no de todas ellas.

    "Nos dijeron que en la nueva modalidad de la CEAV se iban a reducir los viáticos de las familias y que se iba a limitar los apoyos económicos sólo a las quienes fueran madres o esposas de las víctimas. También que se iba a derivar toda la atención en salud a los hospitales regionales, así como eliminar a los asesores jurídicos para las familias, pero jamás nos habló de un recorte de presupuesto que paralizara la comisión", explicó Hernández en entrevista.

    Incluso les mencionó la posibilidad que las familias accedan al programa de créditos a la palabra que ha sido ofrecido en la contingencia sanitaria para suplir la falta de capital en el sector medio y bajo de la población, evitando dar ayudas directas en efectivo ante la paralización de actividades causada a raíz de la pandemia. La diferencia es que estas familias no tienen un funcionamiento de "nueva normalidad" ni tampoco sufren sólo por la paralización económica.

    "Llevo cuatro años en los que he aprendido a trabajar sin un compromiso, vendiendo por catálogo, ropa o zapatos. Trabajos informales que me han desgastado porque ya voy a cumplir 45 años y es muy difícil conseguir otra actividad y además, ¿dónde voy a conseguir un trabajo que permita buscar a mi hijo?", cuestionó.

    El mecanismo de derivar a estas personas a la atención social que se ofrece en programas generales diluye la responsabilidad estatal asumida en la legislación específica, que tiene una cuota de compensación por el crimen sufrido, que en la mayoría de los casos continúa impune.

    "No lo dijeron directamente, pero nos dieron a entender que el apoyo económico del Estado a las víctimas de la violencia se va a acabar. No dijo si eso será en dos, tres o seis meses pero que nos hiciéramos a la idea porque no hay ningún apoyo que se maneje para toda la vida y nosotros ya sobrepasamos ese tiempo", agregó.

    La diferencia, una vez más, es que las otras áreas estatales siguen sin hacer avances efectivos en la garantía de no repetición de estos crímenes graves, que sólo se logra mediante el acceso efectivo a la justicia.

    "El único avance en que ha habido en esto cuatro años que mi hijo tiene desaparecido es mi vejez. Imagínate una persona envejeciendo con un dolor tan fuerte y buscando trabajo, que cuando veo a un joven que se parece a mi hijo y me pide algo que a él le gustaba o cuando veo a una mujer con su familia que se parece a la Elba que yo era antes, de repente me ganan las emociones y me pongo a llorar ¿Cuántos días le ponemos para que dure mi trabajo? Ninguno", concluyó.

    Aunque tanto la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como el subsecretario de derechos humanos del Gobierno federal, Alejandro Encinas, han insistido en que la CEAV va a permanecer a flote, no se ha tenido aún respuesta clara de cómo. Desde el anuncio público de su desmantelamiento, familias de toda la república permanecen en un plantón instalado fuera del Palacio Nacional, sede del Gobierno Federal.

    En una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador y a las autoridades arriba citadas — fechada este 5 de junio, a la que Sputnik tuvo acceso—  se solicita una reunión con el mandatario, así como la destitución de Mara Gómez Pérez a su cargo de la comisionada especial de atención a víctimas.

    La carta cierra diciendo que "la emergencia humanitaria que vive el país, así como la sanitaria, no puede esperar". Hasta la fecha en que se publica este artículo, no han recibido respuesta.

    Etiquetas:
    desaparición, México, crímenes de lesa humanidad
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