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    Marcha Ni Una Menos en Buenos Aires 2017

    Una mujer es asesinada cada 32 horas en Argentina

    CC BY-SA 4.0 / Paulakindsvater / Marcha Ni Una Menos en Buenos Aires 2017
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    La organización La Casa del Encuentro presentó en la Cámara de Diputados un informe actualizado para el año 2018, en el que se registraron 273 femicidios y 35 muertes vinculadas. 339 personas se quedaron sin madre y suman casi 3.500 en los últimos 10 años.

    El Día Internacional de la Mujer no es una fecha de celebración. Cada 8 de marzo, se conmemora en gran parte del mundo la lucha por la igualdad de oportunidades y derechos, la reivindicación del desarrollo íntegro de las mujeres como personas y, con mayor fervor desde hace unos años, la libertad sobre el control de sus cuerpos y el rechazo total a la sistemática violencia machista.

    En lo que va de 2019 ya se registraron alrededor de 50 muertes de mujeres y niñas en Argentina, desde Celeste Castillo, de 25 años, quien fue asesinada de un balazo por su pareja horas después de los festejos del año nuevo, hasta Irma Rodríguez, de 54 años, ahorcada este 6 de marzo por su ex marido. Los dos asesinos se suicidaron después del crimen.

    "La tasa de mujeres y niñas asesinadas por el solo hecho de ser mujeres se sostiene, no disminuye, cada 30 horas se produce un femicidio. Es muy alarmante la agresividad, la crueldad, con situaciones hasta de tortura, que viven muchas mujeres", dijo a Sputnik Gisela Stablun, referente de Mala Junta, colectiva feminista del frente Patria Grande.

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    "Esto tiene que ver con el avance de las mujeres resistiendo a que las maten, diciendo que no quieren tolerar más las situaciones de violencia, en respuesta a este empoderamiento que hay en las mujeres hoy", agregó.

    En 2018, se debatió en el Congreso un proyecto de ley para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, primero aprobada por la Cámara de Diputados pero luego rechazada por el Senado. Las marchas de los pañuelos verdes, insignia con la que se identifican quienes apoyan el aborto y la libertad de elección de las mujeres sobre sus cuerpos, tuvieron su contraparte con las de los pañuelos celestes, que representan a quienes se auto designan "pro vida" y abogan por la vida del feto.

    "El año pasado se completó un avance en la defensa de los derechos de mujeres y niñas que se inició masivamente en 2015 con la marcha de 'Ni una menos', donde hombres y mujeres de todas las edades y géneros se sumaron para pedir que se elimine la discriminación y la violencia", dijo a Sputnik  Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).

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    "Sin embargo, la no aprobación de la ley de aborto legal dio origen a grupos más anti igualdad a expresarse y a querer retrotraer los avances como la ley de Educación Sexual Integral", agregó Bianco.

    A pesar de la derrota en el Senado, en diciembre de 2018 se aprobó la denominada 'ley Micaela', que establece un programa nacional de capacitación institucional en género y violencia contra las mujeres a todos los funcionarios públicos.

    En enero de 2019, se reglamentó para la Ciudad de Buenos Aires la llamada 'ley Brisa', aprobada el año anterior, a través de la que el Estado debe brindar apoyo económico a los menores de 21 años que sufrieron la muerte de alguno de sus progenitores a manos del otro.

    "La ley Brisa y la ley Micaela nos dan esperanzas porque significan avances importantes, pero no podemos ignorar los peligros de retroceder. El apoyo del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) a la línea gratuita para que grupos evangélicos asesoren a mujeres y niñas con embarazos 'vulnerables' es un ejemplo de estos riesgos, porque estos grupos no informan para que las niñas y mujeres puedan decidir sino solo para que continúen el embarazo aunque sean producto de una violación", advirtió Bianco.

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    La presidenta de FEIM pidió que existan protocolos uniformes y consensuados en todo el país que se apliquen en los ámbitos del nivel nacional, provincial y municipal y que la Justicia proporcione personal de apoyo, como psicólogas y asistentes sociales, "que superen el enfoque sexista que revictimiza a las mujeres y niñas que experimentan violencia y no hacen hincapié en los agresores".

    "Para poder generar un cambio profundo es necesario la educación sexual integral, políticas públicas con presupuesto real y que se puedan generar con perspectiva de género; lo que hay que atacar es el patriarcado y es necesario que el Gobierno tome conciencia de eso", dijo por su parte Stablun.

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