Eran las 9:53 am de un lunes de invierno y las calles estaban llenas de autos y peatones. La mañana transcurría tranquila hasta que el estallido redujo el edificio de siete pisos a escombros, movió los cimientos de una nación entera y se cobró la vida de 85 personas en el más grave ataque contra la comunidad judía después del Holocausto.
No era la primera vez que la colectividad israelita en Argentina –la más numerosa de Latinoamérica y la sexta mayor del mundo– era violentada en gran escala en el país: dos años antes, el 17 de marzo de 1992, una bomba explotó en la Embajada de Israel y asesinó a 22 personas. Este atentado también sigue impune.
Durante las primeras horas se vivió el pánico y el caos propio de una situación de esta magnitud, horas en las que cientos de personas que se encontraban en la zona realizaron de manera improvisada los primeros trabajos de rescate. El edificio albergaba diferentes servicios sociales para la comunidad como asistencia de ancianos, clases para niños y jóvenes, una bolsa de trabajo y un centro de atención médica.
Noemí Reisfeld tenía 36 años, dos hijas pequeñas y era trabajadora social. Ella tendría que haber estado en otro lugar porque por lo general realizaba asistencia a personas de las tercera edad en sus domicilios, pero ese día estaba en las instalaciones de la AMIA haciendo un reemplazo.
"No era época de celulares, no había tanta información así que fue muy difícil. Empezamos a conectarnos entre las familias y una mujer que trabajaba con ella, Norma Leuco, que falleció unos años después, y que en el atentado perdió a su hijo, nos mandó a avisar que la buscáramos", contó a Sputnik Adriana Reisfeld, hermana de Noemí.
"Recién recuperamos su cuerpo el sábado, después de seis días pudimos encontrarla. Ahí comenzó una lucha absolutamente despareja y desigual porque para los familiares fue muy difícil. Nunca tuvimos acompañamiento ni de las instituciones ni en general de la sociedad, lamentablemente", dijo Adriana, miembro de Memoria Activa, una asociación civil conformada por familiares y amistades de las víctimas para demandar el esclarecimiento del atentado, que ejerció de querellante independiente en los juicios.
Cronología de una causa sin justicia
La primera causa se inició a partir del atentado y en 1995 se creó una Comisión Especial Investigadora y se abrió otra causa paralela para realizar una pesquisa sobre el supuesto involucramiento de policías, que tuvo detenidos a más de 10 efectivos durante años, que siguió una pista que luego se comprobaría como falsa.
Desde 1997, las organizaciones de familiares críticas con el posicionamiento de las entidades oficiales denunciaron el encubrimiento realizado por el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), la Secretaría de inteligencia y el juez de la causa, Juan José Galeano.
En los 10 años que duró la primera investigación no se llegaron a esclarecer elementos claves como de dónde salieron los explosivos, quién armó el coche-bomba, si es que hubo o no un conductor suicida, quién era y a quién respondía. Todas estas dudas persisten.
Un primer juicio plagado de irregularidades se desarrolló entre 2001 y 2004. La sentencia absolvió a los acusados de ser la conexión local, principalmente policías, declaró nula toda la investigación previa y desenmascaró la trama de corrupción detrás de años de búsquedas espurias.
La causa por encubrimiento gira alrededor del pago de 400.000 dólares realizado desde la Secretaría de Inteligencia a través del juez Galeano al exvendedor de coches Carlos Telleldín, el único detenido por entregar la camioneta usada como coche-bomba, quien habría sido sobornado para involucrar a la cúpula de la policía de la provincia de Buenos Aires.
En 2003, Galeano acusó por primera vez y pidió la captura internacional de cuatro "elementos radicalizados" del Gobierno de Irán. Meses después el juez fue removido y se inició un nuevo proceso para investigar el encubrimiento de la conexión local. En 2004, se creó una fiscalía especial para esclarecer el atentado, llamada Unidad Fiscal AMIA, coordinada por Alberto Nisman, quien impulsara la investigación sobre la pista iraní.
En 2006, a partir de información aportada por los servicios de Inteligencia de Estados Unidos e Israel, enfrentados históricamente con Irán, los fiscales argentinos acusaron de ser autores intelectuales del atentado a ocho funcionarios iraníes y a una persona vinculada al movimiento Hizbulá. Interpol aceptó las alertas rojas de captura.
El movimiento libanés negó estar involucrado al igual que el Gobierno iraní, que rechazó toda posibilidad de cooperación. Hasta la fecha no existen elementos probatorios ni sentencias que ratifiquen las acusaciones, que siguen siendo parte de una investigación inconclusa.
Memorándum de entendimiento con Irán
En 2013, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Estado argentino firmó un Memorándum de entendimiento con Irán que establecía la creación de una comisión de juristas de reconocimiento internacional y el careo de la Justicia argentina con los acusados. El Congreso argentino aprobó y transformó en ley el acuerdo pero no hubo avances del lado iraní.
El 14 de enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman pidió la indagatoria a la presidenta Kirchner al acusarla de buscar ocultar la responsabilidad de Irán en el atentado a cambio de un acuerdo comercial. El 19 de enero, día en que debía comparecer en una reunión en el Congreso nacional para aportar datos de la denuncia, Nisman fue encontrado muerto en su domicilio.
Un mes más tarde, el fiscal Gerardo Pollicita retomó los argumentos de Nisman e imputó a la Presidenta y al resto de los acusados por encubrimiento de los iraníes. El juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia por "inexistencia de delito". Pollicita apeló pero el magistrado de tres jueces de la Sala I de la Cámara Federal confirmó la decisión tomada por Rafecas.
Las dos principales instituciones israelitas en el país, así como todo el arco opositor, rechazaron desde un principio el memorándum por considerarlo inconstitucional. Esta recusación fue elevada a la Justicia. En diciembre de 2015, tras la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el fallo que declaró la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán.
El juicio por encubrimiento
En 2015 comenzó un segundo juicio por el encubrimiento realizado por las autoridades durante las investigaciones del atentado. En 2018, los abogados del Gobierno renunciaron alegando presiones del Ministerio de Justicia para no profundizar en las acusaciones y se exculpó a dos fiscales de la causa original.
También el Estado pidió menores penas para los acusados y se desarticuló la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia. Mario Cimadevilla, hasta entonces titular de este equipo de investigación, denunció penalmente al ministro de Justicia, Germán Garavano, y a otros funcionarios por encubrimiento y otros delitos.
El 1 de marzo de 2019 se conocieron las sentencias de este juicio. Entre los condenados estuvieron el juez de la causa inicial, Galeano (6 años de prisión), el exjefe de la Secretaría de Inteligencia Hugo Anzorreguy (4,5 años) y Telleldín (3,5 años). También el exsubsecretario de Inteligencia, el excomisario de la Policía Federal y los fiscales, con penas de 3 o 2 años.
Fueron absueltos el expresidente Menem, el excomisario de la Policía Federal Jorge Palacios, el expresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina (DAIA) Rubén Beraja y el abogado Víctor Stinfale.
Los 25 años de historia que ya han transcurrido del acto terrorista están marcados por el peor escenario posible para quienes esperaban Justicia. Acusaciones de corrupción política de instituciones y funcionarios, negligencia del aparato judicial y de los servicios de inteligencia, intereses y presiones internacionales y un manto de oscurantismo han evitado que las investigaciones llegaran a conclusiones fehacientes, por lo que abundan las hipótesis pero sigue sin haber un solo responsable.
