"Lo único que hemos recibido por parte del Estado en estos 25 años son mentiras y encubrimiento, así que seguimos esperando a que algún arrepentido o algo suceda y haya un compromiso de la justicia argentina de investigar como corresponde", señaló a Sputnik el referente de Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA, Sergio Burstein.
Todavía hoy "no se piensa en las víctimas, sino en los amigos y en los intereses personales y sectoriales, o en responder a las necesidades de otros países, como Israel o EEUU", sentenció.
En la causa "hay un montón de informes de inteligencia provenientes de distintos servicios, con predominancia de los de EEUU y de Israel, que señalan a Irán", contextualizó Burstein.
Cuando en 2013 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) firmó con el Gobierno iraní de Mahmud Ahmadinejad un memorándum de entendimiento para facilitar las declaraciones indagatorias de funcionarios iraníes sospechosos de estar detrás del ataque, el juez a cargo de la investigación, Rodolfo Canicoba Corral, envió un pedido al fiscal Alberto Nisman, a su vez titular de la Unidad Fiscal AMIA impulsora de la pesquisa, para que analizara la información.
"Cuando surgió el memorándum se hizo todo lo posible para que no saliera adelante, porque si los iraníes declaraban ante Canicoba Corral, el magistrado se iba a ver en dificultades para procesarlos, pues no hay pruebas concretas", continuó.
Un informe secreto de inteligencia que en un primer momento no se entregó a la justicia pero que después se hizo público, denominado Operación Cacerola, señalaba que EEUU iba a enviar un espía con instrucciones para que el entonces agregado cultural de Irán en Argentina, Moshen Rabbani, saliera del país antes de que fuera acusado de dirigir el atentado a la AMIA, a fin de poder incriminarlo sin tener que presentar pruebas.
Lejos de querer defender a Irán, los familiares de la AMIA sólo exigen pruebas fehacientes, aclaró el exmarido de Rita Worona, fallecida en el atentado.
Pero a lo largo de este tiempo, "todos han querido llenarnos la cabeza con falsedades y mentiras", consideró.
Un juicio como consolación
En el último cuarto de siglo, lo único que obtuvieron los seres queridos de las víctimas fue "el enjuiciamiento y la condena en primera instancia de aquellos que estaban encargados de investigar", recordó el dirigente de Familiares y Amigos.
Burstein aludió así al juicio que investigó el encubrimiento desde varios estamentos del Estado con el que se empantanó toda la investigación inicial del atentado, y que terminó en febrero con la condena de ocho de los 13 acusados en el expediente, entre ellos el juez responsable del primer y fallido juicio sobre el ataque, Juan José Galeano, y los por entonces fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia.
Ése fue el motivo por el que el director de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA creada por el Gobierno para impulsar la investigación, el exsenador Mario Cimadevilla se enfrentó al Ejecutivo tras cerciorarse de las maniobras de encubrimiento que intentaba Garavano.
El ministro desmanteló de facto la Unidad al degradarla a secretaría en marzo de 2018 y al apartar a su titular de la pesquisa, lo que no impidió que Cimadevilla hiciera público un duro informe en el que acusaba a Macri y a Garavano de urdir una "infamia" para proteger a sus amigos.
Sospechas contra AMIA y DAIA
En paralelo, las instituciones judías más importantes del país son conniventes con estas complicidades, señaló Burstein.
Tanto la AMIA como la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que no tienen ningún familiar entre las víctimas y que se dedican a hacer actos de conmemoración a la par del Gobierno, "han sido socios del Ejecutivo y buscan lo que necesita el Gobierno israelí, que es insistir en que fue Irán aunque no haya pruebas, y por eso proponen juzgar a los iraníes en ausencia, algo que no permite la Constitución y a lo que se opone incluso el Colegio de Abogados", afirmó.
Ante esta situación de desamparo, los familiares sólo pueden exigir "un compromiso con las víctimas", añadió el titular de la asociación de familiares.
"Sólo sabemos que el 28 de julio hubo un atentado que le costó la vida a la vida a 85 personas, que a la mamá de mis hijos mayores la mataron, y que lo único que obtuvimos fue encubrimiento, mentiras y un uso político de los muertos", señaló.
Con la esperanza de que algún día se sepa la verdad, y que "si fueron los iraníes, que sean juzgados con pruebas", Burstein aseguró que no tenía "fuerzas para abandonar" la causa, y que sólo esperaba "que la justicia se base en la verdad para que los muertos descansen en paz y nosotros también".
Teorías y engaño
Un balance sombrío también ofrece Diana Wassner, secretaria general de Memoria Activa, una asociación de familiares que exige investigar el atentado a la AMIA y el ataque a la embajada israelí en Buenos Aires de 1992 que causó 22 fallecidos.
"Sabemos más o menos lo que sabíamos el día después de cometido el atentado, que es casi nada: no sabemos quiénes pusieron la bomba, ni cómo lo armaron, ni el apoyo logístico, ni por qué nivel de impunidad en torno a la causa AMIA es total", resumió.
En coincidencia con Burstein, la referente de Memoria Activa mostró su desconfianza con las hipótesis asumidas en la causa.
"La pista siria o iraní son una misma pista que habla de un grupo fundamentalista de Medio Oriente que fueron los que pusieron la bomba, y aunque ya se sabe que estos grupos actúan con una base en los países, nunca se investigó nada, no hay pruebas judiciales que sustenten nada", aseguró.
De hecho, uno de los acusados en el juicio por desviar el atentado que terminó absuelto fue el expresidente de la DAIA Rubén Beraja.
Memoria Activa apelará por ello la sentencia a fin de que se aumenten las penas de los culpables y se revierta el sobreseimiento de los cinco acusados absueltos.
Nunca un presidente de la AMIA "estuvo interesado de hecho en la investigación", pues el único interés de la organización, "que habla maravillas del (condenado) exjuez Galeano, es que se acabe la causa, es lo que han intentado en la práctica siendo querella", sostuvo Wassner.
La DAIA y la AMIA también "hicieron muchos negocios", como prueba el hecho de que Beraja recibió 500 millones de dólares a través de su Banco Mayo, que terminó quebrado.
Gobierno cómplice
Desde el Gobierno, entre tanto, el ministro de Justicia "pidió que no se culpe a los exfiscales porque son sus amigos", corroboró secretaria general de Memoria Activa.
Un exvicepresidente de la DAIA, Waldo Woff, es actual diputado de la coalición gobernante; el secretario de derechos humanos, Claudio Avruj, fue director ejecutivo de la entidad judía por decisión de Beraja, "y además tiene negocios con el marido de Patricia Bullrich", indicó Wassner al mencionar a la ministra de Seguridad.
"Para todos ellos, que están emparentados en negocios, la causa AMIA es una molestia", asumió Wassner, que perdió en el atentado a su marido Andrés Malamud, quien como arquitecto estaba a cargo de la refacción del edificio de la AMIA.
La mancha de sospechas se extiende hasta tocar al propio fiscal Nisman, después de que se descubriera, tras su controvertida muerte en 2015, "que recibía transferencias de muchos dólares en sus cuentas bancarias del exterior", observó la mujer.
Wassner tiene la opinión de que "hubo una conexión internacional de grupos fundamentalistas de Medio Oriente conectada con una conexión local", y que "los servicios de inteligencia dejaron que pasara o se les escapó (el atentado), y entonces hubo que tapar lo que ocurrió, elegir culpables y decir al minuto que Irán había sido".
Un agente de inteligencia brasileño, Wilson do Santos, alertó del atentado a la AMIA en la embajada argentina en Milán quince días antes de que sucediera, afirmó Wassner.
La secretaria general de Memoria Activa defendió a su vez el memorándum con Irán, que nunca entró en vigor porque fue declarado inconstitucional por la justicia argentina y porque no fue ratificado por el parlamento iraní, "dado que no teníamos nada que perder", aunque el documento fuera utilizado como excusa política "para dirimir otras cuestiones".
Memoria Activa presentó en 1999 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el Estado argentino por vulnerar los derechos humanos de sus seres queridos y por impedirles el acceso a la justicia.
El proceso de solución amistosa que se abrió a partir de esa instancia quedó trunco desde 2009 ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado.
A través de esta instancia con la CIDH, fueron interpelados en varias ocasiones el Gobierno de Fernández y el actual de Macri a través de su ministro de Justicia y de su secretario de derechos humanos.
La CIDH prepara un informe sobre el caso AMIA que quizás se dé a conocer antes de fin de año, y además podría elevar la causa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una institución judicial autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA) que interpreta la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
