"Independientemente de la legalidad del referéndum (de autodeterminación en Cataluña), las autoridades españolas tienen la responsabilidad de respetar los derechos que son esenciales para las sociedades democráticas", dijeron los expertos de la ONU en un comunicado.
Desde la sentencia del Tribunal, cientos de miles de catalanes han participado en protestas callejeras.
Las autoridades españolas han realizado registros, intervenido materiales de promoción del referéndum, arrestado a políticos y acusado de sedición a líderes de las protestas, señala la ONU.
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"Las medidas que estamos presenciando son preocupantes porque parecen violar derechos individuales fundamentales, limitando el flujo de información pública y la posibilidad de un debate abierto en un momento crítico para la democracia española", indicaron Kaye y De Zayas.
"Nos preocupa que esta orden y la retórica que la acompaña puedan aumentar las tensiones y el malestar social", señalaron los expertos, que instaron a todas las partes a "ejercer la mayor moderación y a evitar actos violentos de cualquier tipo en el contexto de las protestas pacíficas que se den en los próximos días".
El comunicado explica que los expertos están en contacto con el Gobierno de España sobre la situación en Cataluña.
