El tribunal considera que Bartomeu, que era vicepresidente del Barça en el momento del fichaje, tiene las mismas responsabilidades en la supuesta corrupción en la la contratación que Sandro Rosell, por aquel entonces era presidente.
DIS, que poseía el 40% de los derechos federativos del delantero cuando este jugaba en el Santos de Sao Paulo, denunció haber sufrido un perjuicio económico por el contrato de 40 millones de euros que firmó el Barça con él en 2011 para amarrar su fichaje antes de que pasara a ser agente libre, lo que no sucedió hasta 2014.
Según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el padre de Neymar y el club catalán fragmentaron el pago del fichaje del jugador (de un coste estimado de 83 millones) en diversas partidas para "ocultar el coste real" de la operación.
De esa manera, se evitó que el fondo brasileño DIS recibiera el 40% del traspaso por los derechos del jugador, por lo que sugiere que se indemnice a la empresa con 3,2 millones de euros y se proceda contra los actores que presuntamente llevaron a cabo la estafa.
Por tanto, según la Fiscalía "se alteró el libre mercado de fichaje de futbolistas perjudicando al Santos, que desconocía este acuerdo, y también al fondo DIS, que tenía un porcentaje de sus derechos económicos derivados de los derechos federativos", y que se querelló contra el jugador y Rosell.
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"Por todo ello, la posibilidad de la comisión del delito de corrupción entre particulares es evidente, ya que con la firma de ambos contratos, se alteró el libre fichaje de de futbolistas", entienden los magistrados, que apuntan que la intervención de Bartomeu, en aquellas fechas vicepresidente, "aparece, a nivel indiciario de manera nítida".
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