"La imposición de un total bloqueo económico y de transporte a nuestros territorios equivale, de iure y de facto, a la renuncia abierta del Gobierno de Ucrania a cumplir con los compromisos que contrajo en Minsk", declaró la ministra de Exteriores en funciones de la RPD, Natalia Nikonórova.
El Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania (CSDN) anunció el 15 de marzo la suspensión del tráfico de mercancías entre las repúblicas rebeldes de Donbás y el resto de Ucrania, hasta que Kiev recupere los territorios controlados por las milicias.
Para hacer valer esta decisión, el CSDN empleó fuerzas de la Policía y la Guardia Nacional de Ucrania.
El presidente ucraniano, Petró Poroshenko, aclaró que la medida no afectará a los suministros de la ayuda humanitaria por organizaciones internacionales, como la ONU y la Cruz Roja.
Los promotores del embargo habían calificado de ilegal el comercio con las repúblicas rebeldes, y de contrabando, el flujo de mercancías entre estos territorios y el resto de Ucrania.
El bloqueo provocó el paro de algunas empresas y cortes en el suministro de hulla, por lo que las autoridades de Ucrania se vieron obligadas a decretar medidas de austeridad en el sector energético.
Ucrania mantiene desde abril de 2014 una operación militar en varias áreas de las regiones de Donetsk y Lugansk donde se proclamaron repúblicas populares en respuesta al violento cambio de régimen ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.
Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política del conflicto pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia, cuyo resultado la ONU estima en más de 10.200 muertos.
