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    El proceso electoral 2020-2021 de medio sexenio presidencial comenzó en México entre disputas por el surgimiento de nuevos partidos del oficialismo y la oposición; pero una campaña por enjuiciar a expresidentes que gobernaron de 1988 a 2018, ha puesto el toque divisivo que anticipa una temporada política candente y polarizada.

    El Instituto Nacional Electoral (INE) aceptó darle registro al nuevo Partido Encuentro Solidario, cercano a grupos evangélicos, vinculados al bloque oficialista que llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador.

    Esa formación antes se llamó Partido Encuentro Social, pero perdió el registró al no alcanzar el porcentaje mínimo requerido en la votación de 2018.

    En cambio, el partido México Libre de centroderecha, impulsado por el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, quedó fuera de la contienda porque no pudo comprobar el origen de casi 10% de sus ingresos.

    Con ese ingrediente inédito, arrancó este mes de septiembre el proceso electoral más grande de la historia.

    "El proceso electoral será en muchos sentidos un parteaguas en nuestra vida democrática", convocando a 95 millones de electores registrados, "que son cinco millones de personas más que en 2018", cuando se celebraron comicios presidenciales y legislativos, dijo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova al dar el banderazo de la contienda la semana pasada.

    Las elecciones de julio del año próximo 2021, son también inéditas por la cantidad de cargos en juego: serán elegidos todos los 500 legisladores federales de la Cámara de Diputados, 15 gobernadores de los 32 estados del país, más de un millar de legisladores de 30 congresos locales y un 80% de los 2.458 municipios totales.

    Juicio a expresidentes

    En marco, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó esta semana una solicitud formal a la Cámara de Senadores para la realización de un referéndum sobre el posible enjuiciamiento a expresidentes desde 1988, en lo que llama periodo neoliberal, que fue turnada a la Corte Suprema de Justicia.

    El mandatario actual señala a sus antecesores de diversos delitos de corrupción y fraude electoral.

    La petición plantea la convocatoria a un referéndum sobre "el posible enjuiciamiento, previa investigación y en el marco de la legalidad, de acuerdo al debido proceso, de los expresidentes de México, de 1988 a la fecha, es decir hasta el presidente (Enrique) Peña Nieto", anunció el mandatario.

    Ese periodo abarca a las administraciones de Carlos Salinas (1988-1994); Ernesto Zedillo (1994-2000); Vicente Fox (2000-2006); Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

    De los cinco, solo Calderón reaccionó calificando la consulta como "violatoria de garantías elementales: presunción de inocencia, debido proceso legal, justicia por tribunal independiente, investigación exclusiva del Ministerio Público, protección de vida, honra y dignidad".

    La solicitud pide que el referéndum se realice el 6 de junio de 2021.

    Pero una reforma constitucional de 2019 impide que se celebre un referéndum el mismo día de los comicios generales, como sostiene la oposición, para evitar que la figura del presidente intervenga y polarice más ese proceso electoral.

    La tercera parte de una de la dos cámaras del Congreso (con la cual cuenta el oficialismo); o el propio presidente de la República en funciones pueden solicitar una consulta.

    La legislación sobre las consultas ciudadanas o referéndums establece también que pueden ser solicitados por el 2% de los inscritos en el padrón electoral, es decir 1,6 millones de firmas.

    López Obrador decidió enviar su petición al Senado cuando vencía el plazo para hacer la solicitud.

    Explicó que existía el temor a que el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no lograra recoger las firmas requeridas "y se nos pasara el tiempo".

    En busca de respaldo popular

    Sin embargo, sus seguidores presentaron un poco más de las rúbricas que exige la Constitución, y lo hicieron a última hora, con muchas dificultades, a pesar de que en 2018 la coalición del mandatario logró más de 30 millones de votos.

    López Obrador aseguró que la recolección de más de dos millones de firmas en 10 días, "fue una hazaña de ciudadanos, que se organizan y destinaron todo su tiempo", convocando a otros ciudadanos, y no de un solo partido político.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver el caso y determinar si procede la consulta y la pregunta propuesta por López Obrador y los firmantes de la petición.

    El máximo tribunal tiene un plazo de 20 días para resolver la petición.

    "Ahora los ministros pueden tener la arrogancia, si quieren, de sentirse libres, porque lo son, va a depender de ellos que se declare constitucional y pase a las cámaras, al INE y adelante", dijo el jefe del Ejecutivo.

    Con la posibilidad de enjuiciar a cinco expresidentes, tres del Partido Revolucionario Institucional y dos del Partido Acción Nacional, el escenario está listo para llegar en julio de 2021 con un escenario polarizado y un presidente en plena campaña electoral, su principal experiencia.

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