"Voy a dar a conocer nuestra decisión de entregar un escrito a la Cámara de Senadores para la realización de la consulta al pueblo de México sobre el posible enjuiciamiento, previa investigación y en el marco de la legalidad, de acuerdo al debido proceso, de los expresidentes de México, de 1988 a la fecha, es decir hasta el presidente [Enrique] Peña Nieto", anunció el mandatario en conferencia de prensa en el Palacio Nacional sede del Ejecutivo federal.
Ese periodo, detalló, abarca las administraciones de los expresidentes:
- Carlos Salinas (1988-1994)
- Ernesto Zedillo (1994-2000)
- Vicente Fox (2000-2006)
- Felipe Calderón (2006-2012)
- Enrique Peña Nieto (2012-2018)
La decisión acerca de si debe esclarecerse en términos legales la actuación de los expresidentes "ha de considerarse un tema de trascendencia nacional y su proyección histórica amerita ser puesto a consideración de la ciudadanía, en un espíritu de democracia participativa".
El jefe del Ejecutivo federal recordó que en su toma de posesión, el 1 de diciembre de 2018, propuso la realización de un referéndum como paso necesario para resolver sobre este delicado asunto.
López Obrador reafirmó su postura personal expresada desde entonces sobre este tema es que votaría en contra de los enjuiciamientos a sus antecesores.
"En el terreno de la justicia, se pueden castigar los errores del pasado; pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir: he dicho y reitero que yo votaría por no someter a los expresidentes a proceso", subrayó López Obrador.
Sin embargo, reafirmó que si se realiza la consulta respetará el fallo popular, sea cual sea, porque "en democracia el pueblo decide", y ratificó su convicción de "mandar obedeciendo".
"Nunca traicionaré la confianza del pueblo, ni seré cómplice de la impunidad, ni voy a ser tapadera de acciones del pasado; pero tampoco pretendo impulsar represalias contra nadie porque como lo he afirmado no es mi fuerte la venganza", puntualizó.
Por otra parte, si es rechazada la propuesta de enjuiciamiento a expresidentes en el referéndum, "nadie podrá acusar a esas instituciones de encubrir o solapar conductas ilegales".
La legislación sobre las consultas ciudadanas o referéndums establece que pueden ser solicitados por el 2% de los inscritos en el padrón electoral, es decir 1,6 millones de firmas; por la tercera parte de una de la dos cámaras del Congreso (con la cual cuenta el oficialismo); o por el propio presidente de la República en funciones.
Presuntos delitos en periodo "neoliberal"
El documento que el propio presidente leyó sostiene que de 1988 a 2018 México vivió un periodo caracterizado por "la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, y corrupción generalizada".
La denuncia indica que en esas tres décadas se realizaron "procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, violación masiva de los derechos humanos, la impunidad como norma, y el quebrantamiento del Estado de Derecho".
El mandatario señala que sus antecesores aplicaron políticas privatizadoras, para "privilegiar a los grandes poderes económicos y de su empecinamiento en estrategias de seguridad violentas, inhumanas y contraproducentes".
El texto señala que el neoliberalismo se tradujo en "la pérdida de centenares de miles de vidas, en decenas de miles de desapariciones, en la conculcación de derechos políticos y sociales, en el crecimiento de la pobreza, la desigualdad, la marginación".
También responsabiliza a sus antecesores de la pérdida de soberanía, y "la devastación de las industrias petrolera y eléctrica".
Este 15 de septiembre vence el plazo para solicitar al Senado un referéndum mediante la presentación de 1,6 millones de firmas que su partido no ha concluido, pero el presidente adelantó la petición al Senado "para tener más seguridad" de la realización de una consulta.
La solicitud pide que el referéndum se realice el 6 de junio de 2021, o en la fecha que establece el recién reformado artículo 35 de la Constitución.
Esa reforma impide que se celebre un referéndum el mismo día de los próximos comicios, como sostiene la oposición, para evitar que la figura del presidente intervenga en ese proceso electoral.
