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El caso investigado forma parte de los tristemente célebres 'vuelos secretos de la CIA'. El asunto, denunciado por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, consistía en una red de cárceles clandestinas repartidas por varios países de Europa del Este —Polonia y Rumanía—, a donde eran enviados supuestos sospechosos de terrorismo para ser torturados con completa impunidad. Allí se aplicaban 'técnicas mejoradas de interrogatorio' como el 'submarino' (ahogamiento simulado), la hipotermia inducida o el encadenamiento prolongado.
¿Cuál ha sido la reacción estadounidense? Previsible y presuntuosa. Una portavoz del Departamento de Estado dijo que su país no cree que una indagación de la CPI esté "justificada" o sea "apropiada". "Estados Unidos está profundamente comprometido con el cumplimiento del derecho de la guerra, y tenemos un robusto sistema nacional de investigación y responsabilidad que cumple más que las normas internacionales", añadió Elizabeth Trudeau.
El presidente Bill Clinton firmó el 31 de diciembre de 2000 el Tratado de Roma que establecía la Corte Penal Internacional. Pero el texto no fue ratificado en su momento por el Senado, porque la Cámara Alta estaba entonces controlada por los republicanos, opuestos al tratado. Más tarde, George W. Bush minó la autoridad del tribunal novel retirando su firma del acuerdo en 2002. Barack Obama, por su parte, expresó de forma abstracta su adhesión a la misión de la CPI. Pero, pese a esas palabras, nunca se ocupó de influir para que el documento fuera ratificado por el Senado, incluso cuando los demócratas recuperaron su control en 2009.
Ya en 2002, con el cambio de Administración, Washington intentó limitar seriamente los poderes de los magistrados y fiscales de la CPI a través de los denominados tratados de excepción. En el marco de esta política hegemónica ofreció a unos 100 países un acuerdo-tipo en el que éstos se comprometían a no extraditar o entregar a ciudadanos estadounidenses a cambio de ventajas comerciales. Eso restó mucha eficacia a la justicia universal.
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Pero incluso si EEUU no es miembro de la CPI, encargado de juzgar crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad, los espías estadounidenses podrían ser formalmente acusados en La Haya, ya que sus delitos se cometieron en un país que sí es miembro, como Afganistán, y no han sido perseguidos en Estados Unidos.
Resulta que ciertos Estados africanos han abandonado el organismo, porque consideran que se ha convertido en un instrumento más del neocolonialismo. Gambia, Burundi y Sudáfrica ya se han ido, y Kenia y otros cuatro países más sopesan tomar la misma decisión.
"La Corte es blanca y está pensada para hostigar y humillar a la gente de color, en particular, a los africanos", ha dicho el ministro gambiano de Información, Sheriff Bojang, quien ha apoyado su crítica señalando, a su vez, "la incapacidad de la CPI para acusar al ex primer ministro británico, Tony Blair, por la guerra de Irak".
Es cierto que todos los casos investigados, excepto uno, Georgia, se centran en África. Se trata de Uganda, República Democrática de Congo, Sudán, República Centroafricana, Kenia, Libia, Costa de Marfil y Malí.
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Las denuncias de parcialidad racista son extremadamente graves. Si continúan los abandonos entre sus 123 miembros, eso puede significar la desintegración de la Corte. Esperemos pues que la acusación contra la CIA y sus métodos no termine siendo un brindis al sol diseñado únicamente para atraer el foco mediático.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK