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    Desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa (archivo)

    Ayotzinapa, las otras víctimas

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    Walter Ego
    Desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala (73)
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    Con la conclusión, por decisión del gobierno, del trabajo que venía realizando en México el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes el drama humano ha entrado en una fase crítica donde la verdad de lo ocurrido ha pasado a segundo plano ante el descrédito recíproco en que están enzarzados quienes investigan.

    "Cada uno de nosotros sólo será justo en la medida en que haga lo que le corresponde"

    — Sócrates

    Tal percepción es la que dejan no solo las severas discordancias entre las investigaciones llevadas a cabo por los peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) y los estudios presentados por el GIEI (Carlos Beristain, Ángela Buitrago, Francisco Cox, Claudia Paz y Alejandro Valencia), sino también los desencuentros declarativos entre las dos entidades, los cuales iniciaron luego de que el primer informe del GIEI pusiera en entredicho la "verdad histórica" dada a conocer por la PGR y se recrudecieron en las jornadas finales del trabajo de los expertos independientes cuando ya eran conscientes de que tenían contadas sus horas en México.

    De estos desencuentros derivan las acusaciones en los medios en contra de Claudia Paz por su presunta vinculación con grupos radicales de Guatemala, y contra Ángela Buitrago, a quien se le imputó haber pasado información a grupos de la guerrilla colombiana para afectar al gobierno de ese país y de inventar pruebas como las que, al parecer, llevaron injustamente a prisión durante ocho años, por el delito de desaparición forzada, al coronel colombiano en retiro Luis Alfonso Plazas Vega. A ambas, por demás, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública las culpó de tener "una agenda ideológica y política proterrorista" que las ha llevado "a encubrir al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)". Por su parte, a Francisco Cox se le ha criticado por trabajar para el GIEI en México con un salario de 136.000 pesos mensuales, y parejamente prestar servicios a la fundación "Uganda Victims" con los viajes constantes a África que ello le demanda.

    De ahí que la difusión por parte del GIEI del video en el que se ve a Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y a un grupo de expertos, cerca del río donde al día siguiente aparecerían dos bolsas con restos calcinados que servirían para sustentar la tesis de la incineración de los normalistas en el basurero de Cocula, ciertamente arroje dudas sobre el proceder de la AIC, pero no menos de la que supone preguntarse el por qué de la oportuna difusión de dicho material en el ocaso del convenio que el gobierno mexicano estableció con el GIEI a fin de recibir "asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero".

    Al respecto, en conferencia de prensa el pasado 27 de abril, Tomás Zerón afirmó que su presencia en el río San Juan aquel 28 de octubre de 2014 fue legal y apegada a la Constitución, como lo prueba el video que registra sus movimientos ese día, y que la diferencia entre la fecha del hallazgo de las bolsas con restos óseos carbonizados (29 de octubre de 2014) y la datación que aparece en el registro fotográfico del hecho (28 de octubre de 2014) se debió a un error humano que, según él, se puede establecer por los infalsificables metadatos de la instantánea. Para el GIEI, según posicionamiento dado a conocer el 28 de abril, el video de la PGR carece de credibilidad pues fue editado, además de considerar que las acciones registradas en él no se debieron realizar por parte de la AIC: "la agencia debe estar fuera para asegurar la imparcialidad en la investigación", dijeron en voz de Carlos Beristain.

    La verdad a media asta

    Si al gobierno mexicano le ha faltado músculo político y a la PGR, órgano del poder Ejecutivo Federal, competencia técnica para esclarecer el 'Caso Ayotzinapa' —además de pericia para manejar el enrarecido contexto en el que se llevan a cabo las indagatorias, situación que le ha abonado el terreno de la suspicacia a quienes señalan al Estado como partícipe en la desaparición de los normalistas-, el GIEI, por su parte, parece haber trastrocado los adjetivos del nombre que los identifica, y en vez de actuar como un grupo interdisciplinario de expertos independientes se conducen como si fueran un grupo independiente de expertos interdisciplinarios. Olvidaron que los "independientes" son cada uno de ellos en tanto expertos con las facultades que conlleva para obrar bajo criterio propio, no así el grupo, cuya labor es permitida, y pagada, por el gobierno mexicano. Las restricciones a su labor señaladas por los integrantes del GIEI son ciertas —y evidencia, se insiste, tanto de la hipotonía gubernamental como de la torpeza de su órgano procurador de justicia-, pero éstas no deben hacerles olvidar su condición subalterna y de ayuda al gobierno mexicano. De hecho, en el eventual juicio al que algún día, espero, serán sometidos los culpables de lo ocurrido en Iguala, el trabajo del GIEI servirá más a los argumentos del futuro defensor que al de quienes se esfuerzan en hallar hoy a los venideros procesados. La insinuación de "siembra de evidencia" que quiere concluirse del controvertido registro videográfico apunta en ese sentido, a pesar de que resulta inconsistente con la lógica de permitir la presencia de reporteros y fotógrafos en la escena de un crimen que presuntamente se quería alterar.

    Todo parece indicar que el GIEI y el gobierno mexicano han terminado por ser, con escasas diferencias, víctimas de esas sinrazones que deben evitarse en apego al artículo 5 de la Ley General de Víctimas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013: "[…] la estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo"; asimismo, han terminado por ser víctimas de sus propios desencuentros: unos porque se marchan sin haber contribuido como querían a los esclarecimientos de los hechos, otros porque la duda enturbiará por siempre los resultados que muestren en el futuro. Como en la otra, la sangrienta, en esa guerra de declaraciones la verdad ha sido la primera baja.

    Ambas entidades tienen su parte alícuota de responsabilidad en ello por no haber sabido llevar a buen puerto sus discrepancias y por haber prohijado además ese ‘sospechosismo' tan caro a los mexicanos en el que no son juicios los que se enarbolan, sino prejuicios los que se desbordan. Junto a la elusiva verdad son las otras víctimas de la noche triste de Iguala, aunque su sino no se compare con el de Blanca Montiel, la mujer alcanzada por balas sin nombre cuando viajaba en un taxi; o el de David José García Evangelista, el futbolista de 15 años que falleció cuando el autobús de su equipo, Los Avispones, fue acribillado a balazos, o el de Víctor Manuel Lugo Ortiz, el conductor con parejo destino de ese vehículo; tampoco se asemeja al de los tres normalistas asesinados en las calles de la ciudad ni al de los 43 desaparecidos cuya oscura suerte perturba hasta hoy a todo un país; menos aún al de esos familiares que claman día tras día por una justicia que no llega y que ven como el 'Caso Ayotzinapa' enfrenta a los garantes de la misma y está en vías de convertirse en un problema transexenal y en bandera electoral previa para más de un partido rumbo a las elecciones de 2018.

     


    LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

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    Desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala (73)

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    estudiantes, desaparición, Procuraduría General de la República de México (PGR), Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Tomás Zerón, Ayotzinapa, México
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