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América Latina, entre la crisis y las elecciones

© REUTERS / Paulo WhitakerManifestaciones de protesta contra el Gobierno de Dilma Rousseff en Sao Paulo, Brasil
Manifestaciones de protesta contra el Gobierno de Dilma Rousseff en Sao Paulo, Brasil - Sputnik Mundo
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Con el denominador común de la crisis económica, Brasil, Ecuador y Venezuela atraviesan una turbulencia socio-política de mayor o menor intensidad, auspiciada por los partidos de oposición que tienen la vista puesta en elecciones presidenciales o legislativas.

No es casual que en estos tres países latinoamericanos sean las fuerzas de izquierda las que están siendo comprometidas. ¿Pasaría lo mismo si los gobiernos de Nicolás Maduro, Rafael Correa y Dilma Rousseff fueran de derechas?

Brasil

El gigante sudamericano lleva todo el año calentándose, mientras los indicadores son cada vez más pesimistas y auguran dos años de recesión para la primera economía de Latinoamérica. Así, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pronostica un crecimiento de sólo el 0,5% en 2015 para la región. La previsión es peor para Sudamérica, que sufrirá una contracción del 0,4%, presionada por el mal comportamiento de países como Brasil (-1,5 %) y Venezuela (-5,5 %).

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Centenares de miles de personas se reunieron el pasado domingo 16 de agosto en al menos 169 ciudades brasileñas, incluidas todas las capitales de estado, para protestar contra el Gobierno de Rousseff. A todos les unían las críticas a la administración federal, la condena a la corrupción, los ataques al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su formación, el Partido de los Trabajadores (PT), y la exigencia de que dimita la presidenta y/o comience el proceso de destitución contemplado en la Constitución.

No eran tantas personas como el día 15 de marzo, cuando sólo en São Paulo se congregaron 210.000 personas. Según los datos del instituto de investigación Datafolha, esta vez fueron 135.000 los que se concentraron en la misma Avenida Paulista, arteria principal de la megalópolis brasileña. En toda la nación se calcula que los manifestantes fueron alrededor de 800.000. Cifra nada desdeñable.

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Dilma, que sólo lleva ocho meses en este su segundo mandato, ya ostenta el triste título de ser la presidenta más impopular de la historia de Brasil pues su índice de aprobación alcanza un magro 8%. Y es que la crisis que padece este gigante no pasa sólo por la mala situación económica y la ruptura de la coalición parlamentaria sino también por la desconfianza de los ciudadanos hacia su clase política. En otras palabras, se trata de una crisis sistémica.

Irresponsabilidad total

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El 'impeachment' o juicio político con resultado de destitución sería una absoluta irresponsabilidad. Primero, porque esa decisión sería injusta. Parece claro que Dilma no estuvo implicada en el monumental escándalo de corrupción que ha afectado a la petrolera Petrobras y a un buen número de cargos públicos. Hasta sus adversarios admiten que ella está limpia de esas irregularidades. Y en segundo lugar, porque sería muy contraproducente para Brasil, necesitado de estabilidad económica y financiera. La renuncia que le exigen desde el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), tendría los mismos efectos tóxicos. Dilma debe continuar por el bien de todos. Se merece una segunda oportunidad.

Tema: Caso Petrobras

Parafraseado un editorial del periódico 'Folha de São Paulo', uno de los más influyentes de Brasil, la presidenta está obligada a construir una nueva coalición como respuesta al dramático contexto económico. Pero lo tiene difícil, porque continúa la tendencia a subordinar los intereses del país a las aspiraciones personales o partidistas.

Dilma tiene ahora un aliado coyuntural en el actual presidente del Congreso Nacional, el senador Renan Calheiros, del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), quien ha presentado al poder ejecutivo un programa de reformas bautizado Agenda Brasil que prevé la reducción del número de ministerios, la simplificación de impuestos y la agilización de los trámites burocráticos en materia de infraestructuras, entre otras medidas.

Ecuador

También Ecuador vive un ambiente de protestas contra su presidente. Allí se vive una extraña alianza de organizaciones de signo contrario, cuyo único vínculo común es el abierto rechazo al Gobierno de Rafael Correa. Este mismo mes de agosto grupos sindicales y profesionales organizaron un paro nacional, al que se sumó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), con una marcha popular, exigiendo una reforma agraria y otras demandas políticas. Los partidos tradicionales de derecha apoyaron las movilizaciones de una forma discreta.

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La huelga general fracasó, pero los indígenas de la Conaie no ha cejado en su empeño y mantienen el pulso a Correa a quien acusan de ser prepotente, agresor y un gobernante "de derecha que ha usado un lenguaje de izquierda". De hecho, están dispuestos a continuar la agitación de forma indefinida por toda la nación, especialmente en Quito y en la Amazonía.

A la Revolución Ciudadana que creó Correa hace ocho años le está pasando factura la mala coyuntura mundial, donde se aprecian, en opinión de los expertos financieros, tres factores adversos externos a Ecuador: la inminente subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (el banco emisor de dólares estadounidenses), el ralentizamiento económico de China y la reducción del precio de las principales materias primas, incluido el crudo.

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Correa, que termina su mandato en 2017, ha tenido que hacer importantes correcciones porque sus presupuestos del Estado se basaban en un valor del barril de petróleo que ya no se corresponde con el del mercado.

Venezuela

La situación se presenta mucho más complicada en Venezuela, si cabe. Sacudido por la hiperinflación y los problemas de abastecimiento de alimentos básicos y medicamentos, el Estado caribeño tiene previsto celebrar comicios legislativos a principios de diciembre. Por primera vez desde que Hugo Chávez llegó al poder (1999) se atisba la posibilidad de que la oposición, otrora desunida y desorientada, consiga la mayoría de los diputados en la Asamblea Nacional.

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El país se enfrenta a un "desastre" que todavía es evitable, según recoge un reciente informe elaborado por International Crisis Group. Esta organización internacional, que monitorea los conflictos que se extienden por todos los rincones del mundo, teme que se reanude la violencia y hace una serie de recomendaciones a todos los actores implicados. Al gobierno del presidente Nicolás Maduro le pide que admita la existencia del problema y desmantele el actual sistema de control de precios; a la oposición, que no intente "sacar puntos políticos" de la polarización reinante y que proponga "una clara agenda de reformas económicas y sociales"; y finalmente a los países latinoamericanos vecinos, que abandonen "su renuencia a actuar" en Venezuela.

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Lo cierto es que, sea la causa o la consecuencia de la escasez de productos, los revendedores —allí conocidos como los "bachaqueros"- han proliferado por doquier en Caracas y otras ciudades venezolanas gracias a la corrupción y el contrabando rampantes y al sistema oficial de fija los precios a un determinado número de productos de primera necesidad. También no es menos cierto que continúan presos varios líderes políticos opositores, acusados por la justicia de conspirar contra el Gobierno, en tanto que la oposición los considera "prisioneros políticos".

La crispación no cesa.

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

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