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    El Consejo de Seguridad Nacional será el órgano encargado de velar por la veracidad de la información. Oposición y asociaciones de periodistas muestran inquietud, aunque en el Ministerio de la Presidencia se escudan en que la medida es acorde a las iniciativas establecidas por la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior.

    Surge un nuevo punto de fricción entre el Gobierno y la oposición, esta vez a cuenta de la publicación el 5 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, "por la que se publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional".

    En principio la orden obliga a los agentes de Policía y Guardia Civil a comunicar inmediatamente al Departamento de Seguridad Nacional (organismo dependiente del Ministerio de Presidencia del Gobierno, donde se encuadra la Secretaría de Estado de Comunicación) cualquier hecho relevante vinculado con "la desinformación". Según el Ministerio dirigido por Carmen Calvo, se trata de examinar "el pluralismo de los medios de comunicación". Se pretende "mejorar y aumentar la transparencia con respecto al origen de la desinformación" y ayudar "a la manera en la que se produce y difunde, además de evaluar su contenido".

    La oposición estima que en realidad lo que se intenta es controlar los medios de comunicación. Las asociaciones de periodistas han expresado una postura similar. La Federación de asociaciones de periodistas (FAPE) solicita que se aclare el cometido de lo que considera "un comité gubernamental". Por su parte, la Asociación de la Prensa de Madrid, habla directamente de que la orden derive en un instrumento de "censura".

    El antecedente en la UE

    Con su Plan de Acción Democrática, la Comisión Europea tiene previsto aprobar a finales de año una herramienta con la que proteger la integridad de las elecciones, defender el pluralismo informativo, luchar contra la desinformación y proteger el trabajo de los periodistas.

    Es en este contexto donde surge en el seno del Gobierno de España la comisión gubernamental centrada en el tema de la desinformación. Iván Redondo, jefe del Gabinete de Pedro Sánchez, es la persona en quien en la práctica recaen las actuaciones del Consejo de Seguridad Nacional, cuyo secretario es el propio presidente del Gobierno. La preocupación de la Comisión Europea no es tanto por la actividad de los medios de comunicación como por las grandes plataformas de comunicación digital, como Facebook y Twitter, y también algunas páginas webs no canónicas. En Bruselas piden que los Gobiernos de los Estados miembros activen con mayor celeridad este tipo de medidas.

    La oposición se enfurece

    El Partido Popular ha solicitado la comparecencia en el Congreso de la ministra Carmen Calvo y de Iván Redondo. Su líder, Pablo Casado, considera que la orden busca "vigilar a los medios y perseguir lo que se considere desinformación".

    El texto de la orden ministerial indica la necesidad de examinar "la libertad y pluralismo de los medios de comunicación" de acuerdo a los principios expresados por la Comisión Europea en el Plan de Acción Democrática.

    La orden no crea nuevos delitos, tampoco una institución diferente a los organismos que ya están representados en el Consejo de Seguridad Nacional. Otros dirigentes del PP, como el vicesecretario de comunicación del partido, Pablo Montesinos, aventuran la posibilidad de que se acabe multando a periodistas.

    Al respecto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya rechazó el 3 de septiembre una denuncia presentada por la formación Unidas Podemos para intentar atajar la proliferación en las redes sociales de bulos y noticias falsas relacionadas con la pandemia. Se concluyó que les amparaba el derecho a la libertad de expresión siempre y cuando tuvieran una ligera relación con la realidad.

    La mención a Orwell

    La también formación opositora Vox ha ido más allá y denuncia que el plan del Gobierno es instituir un "Ministerio de la Verdad para controlar las opiniones de los españoles en redes sociales" y censurar a medios no afines.

    Posteriormente, desde el Ministerio de la Presidencia se informó de que el plan consignado en el BOE "en ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones".

    Se da la circunstancia de que fue el anterior Gobierno de Mariano Rajoy el primero en acoger este tipo de iniciativas. La ministra de Defensa de entonces, María Dolores de Cospedal, declaró en su momento que enfrentarse a la desinformación era "uno de los mayores retos para los sistemas de defensa de las democracias", si bien la iniciativa no prosperó.

    Etiquetas:
    Comisión Europea, libertad de prensa, VOX, Pablo Casado, Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Carmen Calvo, Pedro Sánchez, fake news, desinformación
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