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    La subida de temperaturas en estos meses pronostica una alta posibilidad de fuegos. El Gobierno ha presentado una campaña para mitigarlos, con 85 millones de euros destinados y más de 1.000 efectivos.

    Poco a poco, España sale del letargo de la pandemia. Han pasado más de tres meses desde el estado de alarma (finalizado el pasado día 21 de junio) y, como cada verano, se ha dado pie a la Campaña de Incendios. Un refuerzo estival necesario en estas latitudes: las altas temperaturas y el importante estrés hídrico del país tienden a agravar la formación de fuegos. Tan solo el año pasado ardieron 83.962 hectáreas de superficie, tres veces más de las que se contabilizaron en el 2018.

    El Gobierno la hizo pública el pasado jueves 18 de junio a través del Ministerio de Transición Energética y Reto Demográfico. Su duración es de más de tres meses, desde el 15 de este mes hasta el 31 de octubre (con posibilidad de prórroga). Y, aunque las competencias dependen de cada Comunidad Autónoma, es esta cartera la que aporta medios materiales, tecnológicos y humanos. Además, la coordinación se lleva a cabo desde el Ministerio de Interior a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Su diseño lleva meses en preparación y se concretó en una reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECO), órgano del Ministerio del Interior en el que participan representantes de los distintos organismos del Estado involucrados.

    Teresa Ribera, titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cifró en 85 millones de euros el presupuesto destinado y calculó unas 1.000 personas implicadas. "Esta inversión anual, junto con lo que aportan las comunidades autónomas, es un presupuesto necesario, pero que se debe complementar también con una mayor concienciación y actuaciones preventivas por parte de todos los ciudadanos", alegó.

    "Prevenir no es sólo limpiar los montes; la prevención se consigue invirtiendo en gestión forestal, en utilizar el monte en su sentido amplio", señaló, avanzando que su ministerio trabaja en la revisión de los documentos de planificación de la política forestal española: la Estrategia Forestal Española y el Plan Forestal Español.

    La Campaña cuenta este año con un amplio dispositivo donde las Comunidades Autónomas tendrán a su disposición un total de 73 medios aéreos, dispuestos por el Ministerio de Interior: 18 aviones anfibios Cl-215T y CL-415, cuatro helicópteros de vigilancia, ocho helicópteros bombaderos Kamov, 10 aviones de carga en tierra AT-802, seis aviones anfibios AT-802FB, 19 helicópteros medios de transporte de brigadas, cuatro aviones de comunicación y observación (ACO) y cuatro vehículos aéreos no tripulados de refuerzo para uso nocturno posicionados en León, Zaragoza, Cáceres y Albacete.

    A estos se sumarán siete unidades móviles de análisis y planificación, 10 Brigadas de Lucha contra Incendios forestales (BRIF) y tres Equipos de Prevención de Incendios Forestales (EPRIF), que continuarán su labor durante el verano y apoyarán en caso necesario en incendios forestales. Según Protección Civil, este año se incorporan también aviones de comunicación y observación, drones y herramientas satelitales, para ayudar en la prevención y la extinción de los incendios y reducir su posible afectación a las personas.

    Bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior, la Unidad Militar de Emergencias (UME) aportará 1.400 efectivos en intervenciones de ataque directo al fuego y otros 1.500 en funciones de apoyo logístico, junto a los correspondientes medios materiales, tanto terrestres como aéreos. La Campaña 2020 contará con el apoyo de los pilotos del 43 Grupo de fuerzas aéreas del Ejército del Aire, que ayudarán a las Comunidades Autónomas.

    ​Se completa el dispositivo con las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía) en tareas de vigilancia, prevención e investigación y de la Dirección General de Tráfico, que pone a disposición sus paneles de información variables para colocar mensajes sobre el riesgo de incendios, entre otras actuaciones, como las informaciones por radio. El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) también registrará un seguimiento continuo de las situaciones declaradas y suministrará información actualizada a todos los Órganos implicados para facilitar la pronta toma de decisiones.

    Situación Vulnerable

    La consultora internacional Oliver Wyman ha puesto en relieve la especial vulnerabilidad de España. Según su informe The Burning Issue, nuestro país (junto a otros como Chile, Canadá o Estados Unidos) ha sufrido "incendios severos" que han costado una alta cantidad de vidas y un importante "daño económico". Con cada año que pasa, además, el país mediterráneo debe destinar una cantidad sustancial de dinero para hacerlos frente.

    "En Europa, los incendios causaron unas pérdidas valoradas en 54.000 millones de euros entre el año 2000 y 2017. El gasto anual que afronta España en materia de control de incendios, junto con otros territorios del sur de Europa, alcanza una media de 2.500 millones de euros", exponen en el estudio.

    Para la consultora, estas cifras pueden llegar a ser insostenibles a medida que se agraven los incendios, por lo que animan a no caer en la trampa de seguir cubriendo los daños y apostar por erradicarlos a través de planes de prevención efectivos que ayuden a reducir los riesgos en un futuro. Además de las pérdidas económicas, los incendios pueden representar una seria amenaza para la salud de nuestros habitantes. "Por ejemplo, en julio y agosto de 2010, el humo de los incendios forestales, en combinación con una fuerte ola de calor, contribuyó a un total de 56.000 muertes en Moscú", argumentan.

    Instan, por consiguiente, a reducir la exposición a los incendios. ¿Cómo? Limitando la expansión urbana. "Con el crecimiento demográfico, muchas ciudades han comenzado a edificar cerca de regiones vulnerables, exponiendo a las personas a un peligro innecesario", infieren. Aunque la ralentización del crecimiento demográfico en España puede servir como ayuda.

    También ha ayudado la pandemia o las lluvias tardías. Según los datos ofrecidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, desde enero hasta el 14 de junio ardieron 15.291,92 hectáreas. Este dato supone una reducción de más de la mitad con respecto a este tramo del año pasado (38.036,47 hectáreas).

    Aunque eso no signifique que no haya ejemplos. En la última semana, solo en Castilla La Mancha se han apagado tres fuegos y 13 conatos de incendios. El pasado 21 de junio, además, ardió parte de la Sierra de Cabrera, entre los municipios almerienses de Mojácar y Turre (al sur del país). Al día siguiente, según el Dispositivo para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (la comunidad a la que pertenecen estas localidades), se dio por estabilizado. Aún investigando los indicios, 180 hectáreas han resultado quemadas.

    ​Grupos políticos como PACMA han aprovechado para recordar una de las reclamaciones anuales: la fijación de protocolos para la evacuación de animales, el rescate y auxilio de los animales heridos y la prohibición de cazar en las zonas afectadas.

    "Hemos pedido en numerosas ocasiones que se apliquen protocolos para la evacuación de animales de zonas siniestradas, ya que en granjas y explotaciones ganaderas los animales han llegado a morir calcinados porque nadie quiso abrirles las puertas. Asimismo, las autoridades han prohibido en ocasiones la evacuación de las personas acompañadas de sus animales de compañía. También hemos reclamado que se permita a voluntarios adiestrados el auxilio y rescate de los animales heridos, y la prohibición de la caza en los lugares donde se han producido incendios", han incidido en su web.

    Etiquetas:
    pandemia de coronavirus, medio ambiente, ecologistas, español, España, incendios forestales, incendio
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