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    España activa el estado de alarma por el coronavirus (207)
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    MADRID (Sputnik) — El Gobierno de España aprobó un paquete de medidas que suspende todos los desahucios sin alternativa habitacional y prohíbe los cortes de suministros de luz, agua y gas por impagos, acciones que buscan paliar efectos sociales derivados del confinamiento y la paralización de la actividad de económica por el COVID-19.

    "Para poder pedirle a la gente que se quede en casa no basta con apelar a la conciencia cívica, es imprescindible ofrecer seguridad", dijo en una rueda de prensa el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, encargado del área de política social.

    Según explicó, las medidas aprobadas este 31 de marzo buscan reforzar "el escudo social" que el Gobierno pretende levantar para proteger a los sectores más desfavorecidos ante el impacto del COVID-19 en la economía.

    En ese marco, el Gobierno acordó una serie de medidas para proteger el derecho a la vivienda, con un enfoque centrado sobre todo en el mercado del alquiler.

    La decisión estrella de este paquete de medidas es la suspensión de todos los desahucios sin alternativa habitacional que se produzcan desde hoy hasta seis meses después del fin del estado de alarma.

    "Nadie puede ser expulsado de su casa", resumió Iglesias.

    No obstante, esta medida no es la única, ya que el Consejo de Ministros también habilitó una prórroga extraordinaria de seis meses para los contratos de arrendamiento que vayan a expirar, lo que busca evitar subidas de precio o expulsiones en mitad de la crisis.

    También se abrirán líneas de microcréditos a coste cero para inquilinos que no puedan pagar sus alquileres, unas líneas de financiación con carácter finalista —no se podrán dedicar a otra cosa— a las que también podrán acogerse personas en paro o afectados por ceses temporales de actividad.

    Esas ayudas deberán ser devueltas al Estado en un plazo de seis años prorrogable por otros cuatro años más, tras los cuales el Gobierno asumirá el coste si se acredita incapacidad para devolverlos.

    Finalmente, también se permitirá una quita del 50% de la deuda o una restructuración a largo plazo de la misma para los inquilinos cuyos caseros sean grandes tenedores de vivienda (con más de ocho inmuebles) o grandes fondos de inversión.

    En adición, el Gobierno también acordó este 31 de marzo una ampliación de las moratorias al pago hipotecario aprobada semanas atrás, relajando los requisitos de acceso a estas ventajas para colectivos como el de los trabajadores por cuenta propia.

    Según explicó Iglesias, todas estas acciones buscan proteger el derecho a la vivienda, que en estos momentos, con las estrictas medidas de confinamiento que se encuentran vigentes, es un "bien más imprescindible que nunca".

    Las viviendas, añadió el vicepresidente, son "la trinchera desde la que combatir al virus", un razonamiento que nace de la consideración de que "el confinamiento salva vidas".

    Sin cortes de luz

    Además de las medidas en materia de vivienda, el Gobierno acordó nuevas prestaciones por desempleo para colectivos especialmente vulnerables —algo que va dirigido de forma especial a las trabajadoras del hogar— y excepciones del pago de la cuota de la seguridad social para autónomos.

    Una de las medidas más destacadas en ese sentido tiene que ver con la protección de los ciudadanos que no paguen sus facturas de suministros básicos.

    Al calor de la declaración del estado de alarma el Gobierno dictó medidas para prohibir que las empresas suministradoras de luz, agua y gas pudieran cortar sus servicios a ciudadanos en una situación de vulnerabilidad económica.

    Ahora, esa prohibición se extiende a todo el conjunto de la población, por lo que las empresas no podrán cortar suministros en caso de impago independientemente de las circunstancias del usuario.

    "Mientras esté en vigor el estado de alarma, las empresas suministradoras de electricidad, agua y gas no podrán interrumpir el servicio a los ciudadanos en su vivienda", explicó el vicepresidente segundo.

    Junto a Iglesias compareció la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño —encargada del área económica del Gobierno—, que aprovechó para recordar que las medidas de confinamiento endurecidas desde el 30 de marzo buscan reducir al máximo la movilidad, pero que ello no supone la paralización económica total.

    No obstante, destacó que "el buen funcionamiento de la economía exige atajar la crisis sanitaria y evitar un colapso del sistema de salud", por lo que defendió el endurecimiento de las medidas de confinamiento pese al impacto que puedan generar.

    Coronavirus
    © REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
    Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, España acumula 94.417 casos de coronavirus y los fallecidos suben a 8.189.

    El balance oficial refleja que solo en las últimas 24 horas fallecieron 849 personas, lo que supone una cifra récord desde el inicio de la crisis.

    Pese al endurecimiento de la situación, las autoridades sanitarias destacan que en términos porcentuales las nuevas transmisiones tienden a estabilizarse, por lo que España se encuentra cerca del pico de contagios.

    Esto, a su vez, obliga a extremar las medidas de confinamiento, ya que la previsión es que en los días posteriores al pico se registrará un mayor colapso de los hospitales, que ya se encuentran desbordados y desabastecidos.

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