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    Pedro Sánchez, presidente en funciones del Gobierno español

    El Gobierno de España manifiesta respeto y acatamiento a la sentencia del Supremo

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    MADRID (Sputnik) — El presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, realizó un comunicado oficial en el que manifestó el respeto del Ejecutivo y el acatamiento a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas catalanes.

    "Una vez conocida la sentencia, quiero manifestar el respeto y el acatamiento. Pone fin a un proceso judicial con garantías y transparente", aseguró el jefe del Ejecutivo español.

    El mandatario incidió en que "el acatamiento" significa "su cumplimiento completo".

    "En una democracia nadie es juzgado por sus ideas, sino por delitos recogidos en el ordenamiento jurídico", señaló Sánchez, que recordó que la Constitución española "puso fin a la dictadura y consiguió integrarnos en la UE".

    "Somos una de las mejores democracias del mundo", acotó y a la vez reconoció "la labor independiente del Tribunal Supremo" que puso como ejemplo "de autonomía, profesionalidad y demostrando el buen funcionamiento del poder judicial".

    Respecto a las posibles reacciones a la sentencia, Sánchez detalló que en los próximos días garantizarán "el respeto a la legalidad democrática y la buena convivencia".

    "Aplicaremos la legalidad y responderemos con prudencia, serenidad y unidad. Esperamos contar con la cooperación leal de las fuerzas comprometidas con la Constitución", señaló el mandatario.

    Sánchez hizo un llamamiento a que la sentencia del Tribunal Supremo sirva para abrir una nueva etapa tras constatarse el "naufragio" de los sectores independentistas catalanes que buscaron la ruptura con España.

    "Todos estamos convocados a una etapa nueva, cuyo objetivo solo debe ser la reinstauración de la convivencia en Cataluña", dijo Pedro Sánchez. 

    En opinión de Sánchez, la decisión del Tribunal Supremo de imponer penas de hasta 13 años de prisión a los líderes independentistas catalanes demuestra que "nadie está por encima de la ley".

    Sánchez valoró los hechos acontecidos en Cataluña en el otoño de 2017 como un ataque tanto a la legalidad española como al Estatuto de Autonomía de Cataluña.

    En concreto, afirmó que "la integridad territorial y el principio de soberanía nacional fueron atacados" y con ello "también fueron atacados los derechos fundamentales de la ciudadanía catalana y del conjunto de la sociedad española".

    El presidente del Gobierno español se comprometió a actuar con "firmeza democrática" para garantizar el cumplimiento de la sentencia, pero subrayó que ello no es óbice para facilitar escenarios de diálogo y "contribuir al reencuentro de la sociedad catalana".

    A su modo de ver, la sentencia certifica "el naufragio de un movimiento independentista" que "detrás de sí solo dejó un triste saldo de dolor y enfrentamiento".

    Por ello, Sánchez exhortó al presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, a "asumir la responsabilidad de empezar a gobernar para todos los catalanes y no solo para una mayoría afín".

    En su comparecencia, Sánchez analizó la situación en clave de política internacional y, además de constatar que el independentismo catalán apenas cuenta con apoyos en ese ámbito, recordó que España es miembro de la Unión Europea, un club que "exige combinar diferentes soberanías, y no trocearlas".

    Por todo lo anteriormente expuesto, Sánchez concluyó que la publicación de la sentencia debe "llevar a una nueva etapa", aunque dijo ser consciente de que, antes de eso, "asistiremos a los últimos estertores de la etapa que dejamos atrás". 

    Este 14 de octubre, el Tribunal Supremo de España anunció su decisión de condenar por delitos de sedición, malversación y desobediencia a los 12 líderes políticos y civiles catalanes que se sentaron en el banquillo de los acusados por el proceso independentista.

    La mayor condena recayó sobre el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión y otros 13 de inhabilitación absoluta por un delito de sedición agravado por otro de malversación.

    Para otros exconsejeros del Gobierno catalán, las penas son de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta, también por un delito de sedición en concurso de otro de mediación y para los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, las condenas son de 9 años prisión y 9 años de inhabilitación absoluta por un delito de sedición sin concurrencia de malversación. 

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