"El Gobierno respeta y acata las resoluciones de los tribunales españoles, así como de los supranacionales, a cuya jurisdicción se somete en virtud de los tratados internacionales firmados por España", señala el comunicado oficial emitido por el Ejecutivo español, en línea con lo que ya habían dicho ministros como el del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
Según el escrito, la sentencia del TJUE sobre la inmunidad de Oriol Junqueras "es una cuestión jurisdiccional" adoptada "en el ámbito de la independencia de los tribunales".
Respecto a la Abogacía del Estado, señala el Ejecutivo que está "estudiando con el debido detenimiento la sentencia" y presentará "su escrito en los próximos días".
Sin embargo, el Gobierno aclara que el fallo del TJUE "no analiza ni se pronuncia sobre la sentencia de 14 de octubre de 2019 del Tribunal Supremo" y tan solo se pronuncia sobre la "inmunidad" de la goza desde que fue elegido eurodiputado el pasado mes de mayo.
Además concluye que, en el ámbito político, "se ratifica en la necesidad de abrir una nueva etapa de diálogo, negociación y acuerdo entre todos los actores políticos, desde el respeto a las legítimas diferencias, en el marco de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho".
"Una vez conocida la sentencia, quiero manifestar el respeto y el acatamiento. Pone fin a un proceso judicial con garantías y transparente", aseguró el jefe del Ejecutivo español.
El mandatario incidió en que "el acatamiento" significa "su cumplimiento completo".
"En una democracia nadie es juzgado por sus ideas, sino por delitos recogidos en el ordenamiento jurídico", señaló Sánchez, que recordó que la Constitución española "puso fin a la dictadura y consiguió integrarnos en la UE".
"Somos una de las mejores democracias del mundo", acotó y a la vez reconoció "la labor independiente del Tribunal Supremo" que puso como ejemplo "de autonomía, profesionalidad y demostrando el buen funcionamiento del poder judicial".
Respecto a las posibles reacciones a la sentencia, Sánchez detalló que en los próximos días garantizarán "el respeto a la legalidad democrática y la buena convivencia".
"Aplicaremos la legalidad y responderemos con prudencia, serenidad y unidad. Esperamos contar con la cooperación leal de las fuerzas comprometidas con la Constitución", señaló el mandatario.
En opinión de Sánchez, la decisión del Tribunal Supremo de imponer penas de hasta 13 años de prisión a los líderes independentistas catalanes demuestra que "nadie está por encima de la ley".
Sánchez valoró los hechos acontecidos en Cataluña en el otoño de 2017 como un ataque tanto a la legalidad española como al Estatuto de Autonomía de Cataluña.
En concreto, afirmó que "la integridad territorial y el principio de soberanía nacional fueron atacados" y con ello "también fueron atacados los derechos fundamentales de la ciudadanía catalana y del conjunto de la sociedad española".
El presidente del Gobierno español se comprometió a actuar con "firmeza democrática" para garantizar el cumplimiento de la sentencia, pero subrayó que ello no es óbice para facilitar escenarios de diálogo y "contribuir al reencuentro de la sociedad catalana".
Por ello, Sánchez exhortó al presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, a "asumir la responsabilidad de empezar a gobernar para todos los catalanes y no solo para una mayoría afín".
En su comparecencia, Sánchez analizó la situación en clave de política internacional y, además de constatar que el independentismo catalán apenas cuenta con apoyos en ese ámbito, recordó que España es miembro de la Unión Europea, un club que "exige combinar diferentes soberanías, y no trocearlas".
Por todo lo anteriormente expuesto, Sánchez concluyó que la publicación de la sentencia debe "llevar a una nueva etapa", aunque dijo ser consciente de que, antes de eso, "asistiremos a los últimos estertores de la etapa que dejamos atrás".
La mayor condena recayó sobre el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión y otros 13 de inhabilitación absoluta por un delito de sedición agravado por otro de malversación.
Para otros exconsejeros del Gobierno catalán, las penas son de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta, también por un delito de sedición en concurso de otro de mediación y para los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, las condenas son de 9 años prisión y 9 años de inhabilitación absoluta por un delito de sedición sin concurrencia de malversación.