La portavoz de la Generalitat (Gobierno catalán) y consejera de Presidencia, Elsa Artadi, que leyó el texto acordado entre todos los consejeros del Ejecutivo de Quim Torra en rueda de prensa, afirmó que el Tribunal Constitucional, al que los presos apelaron anteriormente, "ha de actuar como garante de los derechos" así como proporcionar "un trato justo e imparcial."
"No podemos aceptar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, a la participación política", reza el documento, considerado por el Gobierno catalán como un "altavoz" para la "lucha" de los presos.
Sánchez y el exconsejero de Presidencia Jordi Turull se declararon en huelga de hambre el 1 de diciembre; el 3 de diciembre los exconsejeros de Interior Joaquim Forn, y de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, anunciaron a través de un comunicado que se unían a la huelga de hambre en protesta por lo que consideran un juicio injusto y obstáculos procesales.
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Varios líderes sociales y políticos del independentismo, entre ellos varios miembros del Ejecutivo de Carles Puigdemont, se encuentran desde hace más de un año en prisión preventiva como medida cautelar por riesgo de fuga a la espera de ser juzgados por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos relacionados con el proceso soberanista, en particular con la organización del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.
