"Ha sorprendido a este Gobierno el auto de libertad provisional, porque la regla de oro general es la de que un condenado que está en prisión provisional se mantiene en prisión, sobre todo cuando tiene sobre él una sentencia de nueve años de prisión", dijo en rueda de prensa la portavoz del Gobierno español, Isabel Celaá.
"En ese sentido, el Gobierno se hace eco de la alarma social generada en el conjunto de la sociedad española y en las mujeres en particular", añadió.
Los cinco jóvenes —conocidos como La Manada— fueron condenados el pasado mes de abril por un delito de abusos sexuales.
La sentencia generó una gran polémica en España porque el tribunal descartó valorar los hechos probados como un delito de agresión sexual al entender que no hubo violencia.
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Pese a no calificar los hechos como violentos o intimidatorios, el fallo estimaba que los cinco agresores prepararon "una encerrona" a la víctima, que se sintió "impresionada y sin capacidad de reacción", lo que le llevó a "adoptar una actitud de sometimiento y pasividad" mientras los agresores la desnudaban y abusaban de ella por vía vaginal, anal y bucal sin utilizar preservativo.
La puesta en libertad se debe a que los magistrados consideran que no se dan las circunstancias de riesgo de fuga ni de reiteración delictiva mientras se resuelven los distintos recursos presentados.
Isabel Celaá insistió que la intención del Gobierno es "proteger a las mujeres y a las jóvenes de este país".
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En ese sentido, anunció que el Gobierno se encuentra estudiando que el servicio jurídico del Estado pueda presentarse en casos de violencia machista para defender a las víctimas.
Además, anunció que el Gobierno español estudia un proyecto para cambiar la tipificación de los delitos referidos a la violencia sexual en el Código Penal.
