El informe del Consejo de Estado no es vinculante, pero sí preceptivo, por lo que el Gobierno estaba obligado a pedir su opinión antes de presentar recurso.
Con la aprobación de esta norma, la mayoría independentista del Parlamento de Cataluña pretende facilitar la investidura de Carles Puigdemont, que se encuentra en Alemania a la espera de que se resuelva su posible extradición a España.
En consecuencia, el 4 de mayo Madrid comunicó su intención de pedir un opinión al Consejo de Estado como paso previo a la presentación de un recurso.
De ser admitido a trámite el recurso, la norma quedará suspendida cautelarmente de forma inmediata, lo que volvería a bloquear la posible investidura de Puigdemont, obligando al independentismo a buscar alternativas antes del 22 de mayo, fecha en la que vence el plazo para la formación de Gobierno antes de una nuevas elecciones.
