"Encontraremos la manera de cumplir lo que recomienda el Consejo de Garantías Estatutarias", aseguró.
"En este momento, el Ejecutivo catalán sólo puede solicitar permiso al Gobierno central para llevar a cabo este tipo de iniciativas", señaló el Consejo de Garantías.
De ese modo, el órgano consultivo señaló que el Ejecutivo catalán no dispondrá de margen de actuación si no se genera "un escenario normativo diferente".
El CGE aseguró en su dictamen no compartir "en aspectos sustanciales" las resoluciones del Tribunal Constitucional que limitan la capacidad de actuación del Gobierno catalán en lo relativo a la autodeterminación.
Además, el Consejo de Garantías aceptó como ajustada a derecho la partida de 5,8 millones de euros que las cuentas catalanas incluyen para la celebración de "procesos electorales y consultas populares".
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Por ello, Puigdemont se mostró convencido de que el referéndum de autodeterminación que pretende llevar a cabo se realizará "en el sentido que quiere el Parlament" y bajo un "respeto absoluto" a las disposiciones estatutarias.