Un grupo de trabajadores que lleva casi un año acampado frente a la planta, impidió que un grupo de personas entrara en la factoría con la intención de desguazar la empresa y forzar su cierre definitivo.
El conflicto, que empezó hace más de un año, se endureció cuando la Audiencia Nacional anuló el Expediente de Regulación de Empleo con el que Coca Cola despedía a 821 trabajadores en toda España.
Un fuerte contingente policial ha impedido este jueves con cargas que los empleados de la firma de bebidas se acercasen a la fábrica.
La sentencia no hizo referencia a la reapertura de la planta de Fuenlabrada y la empresa aseguró que acataría la decisión judicial recolocando a los empleados en otras zonas de España.
"Si el Supremo ratifica la sentencia y está desmontada la planta, la empresa alegará que ya no hay fábrica. Esto es un desacato a la Audiencia Nacional y los políticos e instituciones de este país son responsables de ello", denunció a los medios de comunicación Juan Carlos Asenjo, representante sindical de Fuenlabrada.
En su opinión, este caso evidencia que "hay dos tipos de justicia: una para el obrero y otra para el capital. Policía pagada con nuestros impuestos está asegurándose de que se realice algo ilegal".
Coca-Cola Iberian Partners aseguró por su parte, en un comunicado, que los operarios que acudieron a Fuenlabrada iban a "inventariar el material que hay dentro y realizar algunas labores de mantenimiento".
Según la empresa, para "evitar incidentes", se informó a la Delegación del Gobierno. Coca Cola, que sufrió un boicot a sus productos a raíz de este conflicto, "lamenta este episodio y reitera su compromiso de recolocar a todos los trabajadores".
Numerosos políticos de izquierda y sindicatos acompañaron hoy a los trabajadores.
Iñigo Errejón, de la formación progresista Podemos, mostró su indignación por el desmantelamiento de la factoría.
Denunció, ante los medios de comunicación, que a la hora de elegir "entre ponerse del lado de los privilegiados o ponerse del lado de la Justicia y de unos trabajadores a los que les ha dado la razón la Justicia, el Gobierno, de nuevo, no duda en elegir. Luego sale el ministro De Guindos a decir que en España se ha perdido el miedo a quedarse sin trabajo".
