María Serrano, responsable y portavoz de Amnistía Internacional en política interior, alerta de que esta ley, aprobada este jueves con los votos en solitario por los conservadores del Partido Popular (PP), "adopta medidas que afectan a derechos fundamentales".
Serrano asegura que la organización está especialmente preocupada por dos cuestiones. "La primera es que supone más infracciones y menos garantías para los ciudadanos. La policía en el ámbito administrativo tienen presunción de veracidad y serán ellos y la propia Administración los que van a sancionar. Creemos que los ciudadanos partirán de una situación de desigualdad".
La segunda es la limitación genérica de las reuniones y manifestaciones. "Serán sancionadas las protestas que se realicen ante el Congreso, el Senado u otro organismo autonómico similar. Esos espacios son fundamentales para la celebración de manifestaciones, es razonable porque es precisamente donde están los representantes que tienen que escuchar el clamor popular", advierte la portavoz.
Otra cuestión que recoge la ley con respecto al derecho a la manifestación es la obligación de notificación. "Según el acuerdo con el derecho internacional, hay reuniones o manifestaciones que son espontáneas, suceden como respuesta inmediata ante una decisión gubernamental. ¡Esto será sancionado!", exclama la miembro de Amnistía Internacional, "se pueden llegar a multar comportamientos pacíficos que suponen el ejercicio de la libertad de reunión", concluye.
Además de esta situación, Amnistía muestra su disconformidad con que los ciudadanos tengan que pagar la multa antes de poder recurrir la sanción, un proceso por el que también deben pagar unas tasas ante los tribunales.
Multas de más de 30.000 euros
Otro de los aspectos que más preocupa a la organización de derechos humanos, son las sanciones que se llevarán a cabo. "Hay multas muy graves, multas graves y multas leves. Las muy graves superan los 30.000 euros de sanción", señala Serrano a Sputnik Nóvosti.
"Las infracciones que más nos inquietan, que pueden ser motivo de sanción, es la limitación de la posibilidad de grabar a la policía en el ejercicio de sus funciones. Se sancionarán la difusión de imágenes o datos no autorizados de las fuerzas de seguridad, incluidas las realizadas por profesionales. Por lo tanto, los abusos policiales quedarán casi impunes".
"Los periodistas cada vez tienen mayores dificultades para grabar estos abusos por parte de la policía, especialmente en reuniones y manifestaciones. Se enfrentan a una labor arriesgada y muchas veces incluso les confiscan el material. Con esta ley, la policía estará mucho más amparada para hacer esto y el periodista estará totalmente desprotegido, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siempre van a contar con la presunción de veracidad", alerta Serrano.
La portavoz incide en esta cuestión porque asegura que "estas grabaciones han sido fundamentales para tratar de acabar con la impunidad policial cuando se producen abusos. Sin estas imágenes parece que lo que sucede no existe. Tememos que haya todavía más impunidad".
"Legalizar prácticas ilegales"
Otro de los aspectos más criticados por Amnistía Internacional es la legalización de las llamadas "devoluciones en caliente". Consisten en que, a pesar de que el inmigrante ya ha pisado suelo español, son entregados a las autoridades marroquíes sin darles la oportunidad de pedir asilo o exponer las circunstancias que le han llevado a saltar la valla de Ceuta o Melilla, las dos ciudades españolas en el norte de África.
"Son expulsiones sumarias y colectivas que están prohibidas por el derecho internacional porque vulneran el derecho de asilo y privan a las personas de un procedimiento en el que puedan contar con abogados", asegura Serrano a Sputnik Nóvosti.
"Son prácticas prohibidas porque tienen consecuencias muy graves. Son devueltos a países donde pueden correr peligro dado que no se analiza su situación personal", alerta la activista. "Las autoridades españolas no han escuchado los llamamientos de Europa y de cientos de organizaciones que piden detener esta vulneración de derechos humanos".
"España está sentando un precedente nefasto con esta ley. A nivel europeo desconocemos que exista algún país que haya dado este paso de legalizar las expulsiones. Se podría decir que el país ibérico está fuera del derecho internacional", previene la encargada de política interior.
A nivel de protesta, Serrano asegura que Amnistía está "especialmente en alerta por el retroceso en la libertad de expresión y de reunión pacífica". "España no está a la altura de un país que se espera que esté comprometido con los derechos humanos", señala la portavoz.
Amnistía prepara campañas en contra de la ley
"En las próximas semanas seguiremos haciendo campañas y movilizaciones para ver si podemos alinear la legislación española a los estándares internacionales de derechos humanos", asegura Serrano. "En una de ellas intentaremos exigir a los senadores españoles que protejan el derecho a protestar en España y se nieguen a aprobarla", explica a Sputnik Nóvosti.
La portavoz, además, cree que esta ley se aprueba en un contexto de crisis, austeridad y corrupción, en la que es "normal" que se produzcan protestas. "Esta norma no se justificaba por un aumento de la violencia, al contrario. El número de manifestaciones en las que hubo incidentes violentos es muy reducido en comparación con el carácter pacífico de la mayor parte de las protestas".
"Vamos a seguir peleando hasta el final, señalando a las autoridades cuales son las líneas rojas que no deben cruzar", concluye la portavoz.
