"La decisión afecta al presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón Pardo, y su antecesor Juan Carlos Echeverry Garzón, a quienes se les investiga por presunto incumplimiento de sus deberes legales, reglamentarios y funcionales relacionados con la normatividad, política y programas de abandono técnico de pozos", indicó la Procuraduría.
El derrame de crudo inició el pasado 2 de marzo y se mantuvo durante 25 días, tiempo durante el cual se vertieron a las fuentes de agua vecinas al municipio de Barrancabermeja (Santander, noroeste) alrededor de 24.000 barriles de crudo, según indicó la estatal Autoridad Nacional de Licencias Ambiental (ANLA), que investiga el caso.
Sin embargo, Ecopetrol señaló que el vertimiento fue sólo durante tres días y que se derramaron alrededor de 500 barriles de crudo, luego de lo cual controló la situación en el pozo, denominado Lizama 158 y que permanecía sellado desde hace catorce años.
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Se calcula que unos 20 kilómetros de fuentes de agua fueron contaminadas, entre ellas las quebradas La Lisama y Caño Muerto, mientras que corrieron riesgo de serlo también los ríos Sogamoso y Magdalena, este último, uno de los más importantes y caudalosos de Colombia.
Según Ecopetrol, esa fue la primera vez que en el país ocurrió el afloramiento de un pozo sellado.