Los acusados —entre ellos tres académicos que fundaron el movimiento Occupy Central, legisladores y antiguos líderes estudiantiles, enfrentan penas de hasta siete años de cárcel por cada uno de los cargos que se les imputan, principalmente, incitación y conspiración para perturbar el orden público.
Se trata del último grupo de activistas juzgados por su implicación en las protestas que reclamaban una mayor democracia para Hong Kong.
El detonante de 79 días de protestas, bautizadas como Revolución de los Paraguas por la prensa occidental, fue un plan de reforma electoral que establecía una especie de filtro político a la nominación de candidatos de cara a los comicios hongkoneses de 2017.
