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EEUU impone sanciones a vicepresidenta nicaragüense

© AP Photo / Jacquelyn MartinSede del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en Washington
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WASHINGTON (Sputnik) — El Departamento del Tesoro de EEUU impuso sanciones a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y al asesor de seguridad de ese país, Néstor Moncada Lau, en cumplimiento de una orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump.

"Hoy (martes) la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro tomó medidas de conformidad con una nueva orden ejecutiva que se dirige contra el régimen de (el presidente Daniel) Ortega y sus promotores, que continúan involucrados en corrupción rampante, desmantelamiento de las instituciones democráticas, serias violaciones de derechos humanos y explotación del pueblo y de los recursos públicos de Nicaragua para beneficio propio", dice un comunicado oficial.

El texto añade que las sanciones impuestas se dirigen a "dos de los más estrechos colaboradores de Ortega, la vicepresidenta y primera dama, Rosario María Murillo de Ortega, y Néstor Moncada Lau, quien ha actuado como asesor de seguridad nacional del presidente y la vicepresidenta".

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, sostuvo en una declaración escrita que “la vicepresidenta Murillo y sus operadores políticos han buscado desmantelar de manera sistemática las instituciones democráticas y saquear la riqueza de Nicaragua para consolidar su control del poder”.

Washington busca con estas medidas que el Gobierno de Ortega “se haga responsable de las violentas protestas y la corrupción generalizada que han conducido a la muerte de cientos de nicaragüenses inocentes y han destruido su economía”, añadió Mnuchin.

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Las sanciones a Murillo y a Moncada implican que cualquier propiedad o intereses que posean y que se encuentren bajo jurisdicción de EEUU deben ser bloqueados y reportados a la OFAC.

Además, las personas físicas y jurídicas de EEUU tienen prohibido todo tipo de transacciones con los sancionados.

Nicaragua vive una crisis política y social desde que estallaron el 18 de abril masivas manifestaciones antigubernamentales.

Desde entonces han fallecido cientos de personas.

Los opositores acusan al Gobierno de Ortega de perpetrar asesinatos y detenciones arbitrarias, mientras las autoridades achacan la violencia a grupos armados irregulares que buscan un golpe blando contra el presidente.

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