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Fiscal argentino pide ratificar procesamientos contra expresidenta

© AP Photo / Natacha PisarenkoCristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina
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BUENOS AIRES (Sputnik) — El fiscal general argentino Germán Moldes pidió que se confirme el procesamiento de la exmandataria y senadora Cristina Fernández de Kirchner por liderar una asociación ilícita y que así se ordene su arresto cuando el fallo quede firme.

El fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (conocida como Cámara Federal) pidió confirmar el procesamiento de Fernández como "jefa" de una asociación ilícita, informaron fuentes judiciales consultadas por Sputnik.

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El fiscal pretende que la solicitud de arresto se haga efectiva una vez la Cámara confirme el procesamiento, talcomo había pedido el juez a cargo de la causa en primera instancia, Claudio Bonadio.

Moldes también pidió al tribunal que se tome como organizadores de la asociación ilícita al exsecretario de Obras Públicas, José López, al exdirector de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y al financista Ernesto Clarens, todos ellos arrepentidos ante la justicia.

En su dictamen ante la Cámara Federal, el fiscal también instó a que se agraven las acusaciones que pesan sobre otros procesados, e incluso abogó por revertir la falta de mérito con la que el juez Bonadío había beneficiado a varios empresarios.

"A la luz de los hechos expuestos en las presentes actuaciones parece absurdo suponer que los empresarios que acordaron con los más altos funcionarios del Gobierno entre los años 2003 y 2015 y que se beneficiaron con ello –cartelización de la obra pública– simplemente hayan obsequiado dinero a los funcionarios en el sentido definido por la norma legal cuestionada", señaló en su dictamen.

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La ley del arrepentido, vigente desde noviembre de 2016, avala la reducción de pena para un imputado que brinde información relevante en una causa judicial en curso.

Contexto

En esta investigación están procesadas otras 40 personas, entre empresarios y funcionarios del Gobierno de Fernández, incluida la expresidenta.

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El expediente judicial se originó en las declaraciones de la esposa de un chófer, Oscar Centeno, quien trabajaba para Roberto Baratta, estrecho colaborador del exministro de Planificación, Julio de Vido.

Centeno asentó en cuadernos escolares la bitácora de los viajes que hacía para Baratta, en la que incluyó detalles sobre el supuesto intercambio de valijas y bolsos con dinero entre altos empresarios argentinos y funcionarios de las administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández (2007-2015).

De esos cuadernos solo se han encontrado fotocopias y el chófer asegura que quemó los originales.

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Decenas de empresarios declararon como arrepentidos y reconocieron que pagaban sobornos para conseguir contratos de obra pública durante las tres administraciones.

Bonadio los procesó por los delitos de asociación ilícita, dádivas y cohecho en base a las anotaciones que hizo Centeno. 

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