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    ONG de México acuerdan reformas contra impunidad con equipo de presidente electo

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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Representantes de más de 300 organizaciones y expertos civiles acordaron con el equipo del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, un plan de reformas contra la impunidad en negociaciones de "mesas de trabajo técnicas" para despolitizar la creación de una fiscalía autónoma.

    Esas reformas son consideradas "importantes para comenzar a frenar la crisis de impunidad en México, con la propuesta de una ley orgánica de la fiscalía", dijeron en un comunicado conjunto los colectivos "Fiscalía que sirva" y "Vamos por más", que promueven una justicia no subordinada a la presidencia, ni a poderes políticos o económicos.

    Las organizaciones que celebraron 15 mesas de expertos con el equipo de transición de López Obrador en las últimas semanas, señalan que son "indispensables las reformas constitucionales que hemos acordado, a fin de lograr una verdadera autonomía, independencia y eficacia en la (nueva) fiscalía general", que reemplazará a la actual Procuraduría General de la República (PGR).

    Entre las reformas constitucionales acordadas en las mesas de trabajo, tiene "relevancia especial" la modificación del llamado "pase automático" de todo el personal de la vieja procuraduría a la nueva fiscalía, según las organizaciones que impidieron en 2017 que el procurador general saliente se convirtiera en titular de la nueva fiscalía, creada por reforma constitucional en 2014.

    Entre los acuerdos alcanzados, está una reforma de un acuerdo legislativo "transitorio" del Artículo 102 de la Constitución, que entra en contradicción con la transformación real y no solo formal o de nombre de la nueva institución.

    Las organizaciones estiman "indispensable" impulsar una reforma de otros siete artículos constitucionales para "rediseñar de mejor forma el esquema actual" de la justicia federal, dice el comunicado.

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    López Obrador había dicho antes de las negociaciones que para nombrar al fiscal general, fiscales anticorrupción y contra delitos electorales, enviaría tres ternas con sus recomendados para que el Congreso decidiera, sin hacer reformas a la ley.

    Esto generó gran inconformidad en las organizaciones que durante los últimos años han luchado por una fiscalía autónoma del Poder Ejecutivo y por despolitizar el proceso contra la corrupción y la impunidad.

    Acuerdos para las reformas

    Uno de los principales acuerdos tomados en la inédita negociación de las organizaciones civiles con el equipo del presidente electo y legisladores de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda), es "construir juntos una propuesta de Ley Orgánica para la próxima fiscalía general y un informe sobre los cambios constitucionales" requeridos.

    La reformas que serán propuestas al Congreso, donde las fuerzas políticas que apoyan a López Obrador tendrán mayoría absoluta y casi la mayoría calificada de tres cuartas partes del Poder Legislativo, modificarían la carta magna en sus artículos relacionados con las instituciones judiciales (Artículos 21, 73, 76, 89, 102, 116, 123 de la Constitución).

    Desde hace más de dos años, los colectivos exigen "transformar el modelo actual de procuración de justicia en México, para acabar con la impunidad" y que la ciudadanía pueda "confiar en la justicia y vivir sin miedo".

    La propuesta consiste en un proceso que se ejecutaría en tres etapas.

    Primero, una reforma constitucional; segundo, una ley orgánica integral y, tercero, un proceso de designación transparente y eficaz del titular de la nueva Fiscalía General, así como de las fiscalías especiales anticorrupción y contra delitos electorales.

    Tras el triunfo electoral de López Obrador el 1 de julio pasado cientos de organizaciones y expertos integraron un grupo de trabajo con el equipo de transición y líderes de su bancada en el Congreso, y expertos académicos reconocidos.

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    Los colectivos advierten que la propuesta conjunta de nueva ley orgánica de la fiscalía, "no contiene todo lo que los colectivos propusieron".

    Sin embargo, reconocen que "es resultado de un genuino esfuerzo de todos los actores sentados en la mesa para acercar posturas", y colocar en el centro a las víctimas y la ciudadanía, celebraron.

    Una de las prioridades es construir una nueva estructura operativa, "con capacidad real para investigar casos de crimen organizado, corrupción y violaciones graves a derechos humanos" perpetrados en la última década.

    El proyecto incorpora el principio de "transparencia, honorabilidad, experiencia e independencia" para los nombramientos de funcionarios, a fin de "proteger su autonomía y eficiencia".

    Finalmente, los colectivos reconocen la apertura de legisladores y autoridades electas para el diálogo y elaborar proyectos conjuntos de reforma.

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    Etiquetas:
    reforma, impunidad, Andrés Manuel López Obrador, México