Perú pedirá a Corte Penal Internacional que investigue a presidente venezolano Maduro

LIMA (Sputnik) — El gobierno de Perú anunció que solicitará a la Corte Penal Internacional (CPI) que inicie una investigación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para determinar si cometió delitos de lesa humanidad, informó el diario oficial El Peruano.

"La iniciativa del Perú será presentada, probablemente, en un par de semanas", aseguró el 21 de agosto el canciller Néstor Popolizio, quien especificó que esta medida cuenta con el respaldo de los gobiernos de Argentina, Colombia, Chile y Paraguay.

Según el canciller, "la CPI tendrá que iniciar una investigación preliminar, cuyos resultados determinarán si se cometió una violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Si es así, iniciaría un proceso contra Maduro y la cúpula de su gobierno por estos hechos".

El canciller sostuvo que la solicitud de los cinco gobiernos se basa en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Ambos informes, afirma Popolizio, advierten que el gobierno de Venezuela viene cometiendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en particular contra ciudadanos opositores.

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El informe de la CIDH sostiene que la situación antidemocráctica en Venezuela "se ha intensificado de manera alarmante en los últimos dos años y especialmente en 2017".

La CPI, con sede en La Haya, es un tribunal permanente encargado de juzgar a personas acusadas de cometer crímenes como genocidios, guerras y crímenes de lesa humanidad.

Aunque no pertenece a las Naciones Unidas, la corte tiene relación con ella en base al Estatuto de Roma.

La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció en febrero pasado el inicio de un examen preliminar sobre supuestos crímenes cometidos en las protestas realizadas en Venezuela desde abril de 2017.

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Bensouda entonces explicó que "un examen preliminar no es una investigación, sino un proceso por el cual se examina la información disponible para determinar, con pleno conocimiento de causa, si existe fundamento razonable para proceder a una investigación".

Venezuela fue escenario de violencia entre abril y julio de 2017, cuando en el marco de diarias manifestaciones opositoras murieron 124 personas, mientras varios miles más resultaron heridas o fueron detenidas.

El Gobierno de Nicolás Maduro responsabiliza a la oposición por las muertes y asegura que los cuerpos de seguridad han respondido con un uso "legal, proporcionado y diferenciado" de la fuerza para la "contención física" de los manifestantes.

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Asimismo, ha subrayado que jamás se ha autorizado el uso de armas de fuego contra ellos.

Venezuela es parte del Estatuto de Roma, cuyo artículo 15 exige que para identificar situaciones bajo la jurisdicción de ese tribunal el fiscal debe conducir un examen preliminar de la información recibida.