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    Ministerio Público de Perú pide protección para fiscal en denuncia por actos de corrupción

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    LIMA (Sputnik) — La Fiscalía peruana pidió al Ministerio del Interior que se le brinde protección policial a la fiscal Rosario Sánchez, quien autorizó que se intervengan los teléfonos de miembros del sistema de justicia, lo que permitió conocer casos de corrupción recientes.

    "Espero que ya se haya enviado esa solicitud (de protección policial) para contar con la protección de la fiscal", manifestó al local Canal N el coordinador de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, encargado de hacer el pedido al Ministerio del Interior.

    La fiscal Rosario Sánchez fue quien autorizó a la Policía Nacional, a inicios de año, la interceptación de teléfonos para desbaratar una banda de criminales que se dedicaba a la extorsión y el sicariato en la región Callao (centro, cercana a Lima).

    Este permiso, sin embargo, permitió que la policía vaya siguiendo los hilos de la organización criminal hasta dar con los teléfonos de jueces de alto rango y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ente encargado de nombrar, ratificar y despedir a jueces y fiscales.

    Los audios obtenidos de manera fortuita, sirvieron para que una investigación periodística revelara que jueces y miembros del CNM estaban, presuntamente, cometiendo acciones ilícitas.

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    Los miembros del CNM, Iván Noguera, Julio Gutiérrez y Guido Águila; así como el juez de la Corte Superior de Justicia de la región Callao, Walter Ríos y el juez de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza, fueron los interceptados.

    Los mencionados, según se desprende de las llamadas interceptadas, habrían incurrido en distintos delitos al colocar a familiares y amigos en puestos claves en el sistema judicial, así como traficar con sus influencias ya sea pidiendo favores o concediéndolos.

    En un inicio, poco después de que se revelara la investigación periodística, políticos comprometidos indirectamente en la denuncia, alegaron que esta sería ilegal dado el carácter ilícito de las intercepciones telefónicas.

    El 9 de julio, sin embargo, el medio IDL-Reporteros, encargados de la investigación, revelaron que los audios se consiguieron de manera ilícita como parte de una operación de desmantelamiento de una banda de extorsionadores y sicarios.

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    Actualmente, frente a la fuerza de las denuncias que podrían alcanzar a políticos y empresarios de alto rango como el presidente de la República, Martín Vizcarra, o a Keiko Fujimori, la lideresa del partido fujimorista con mayoría parlamentaria, Fuerza Popular (derecha), se teme que existan represalias contra la integridad física de la fiscal Rosario Sánchez. 

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    corrupción, Perú