La Fiscalía informó en un comunicado que presentó una denuncia por "el asesinato del dirigente del Movimiento Revolucionario Tiradentes Dimas Antônio Casemiro, ocurrido el 17 de abril en São Paulo (sureste)".
Los dos denunciados también han sido acusados de un delito de ocultación de cadáver, dado que habrían contribuido a la desaparición de Casemiro, asesinado a los 25 años y enterrado como si fuera un indigente en el cementerio de Perus, al norte de São Paulo.
En 1975, los restos mortales de la víctima fueron exhumados y enterrados en una fosa común clandestina, que fue abierta en 1990.
Sin embargo, indica la Fiscalía, las pruebas de ADN solo pudieron realizarse en febrero de este año, por especialistas de Bosnia, que confirmaron su identidad.
El Movimiento Revolucionario Tiradentes, al que pertenecía Casemiro, era un pequeño grupo de oposición a la dictadura acusado del asesinato del industrial Henning Albert Boilesen.
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Esta es la denuncia número 35 que la Fiscalía brasileña presenta para perseguir de forma penal a agentes del Estado que cometieron violaciones de los derechos humanos en la dictadura militar.
La Fiscalía remarca que el asesinato de Casemiro se produjo en un contexto de "sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen militar contra parte de la población con el objetivo de mantener la dictadura en el poder".
Debido a ello considera que son crímenes contra la humanidad y que sobre ellos no recae la prescripción ni las leyes de amnistía como la brasileña, que se aprobó en 1979, con la dictadura aún en vigor.
