"Hay rechazo al documento de propuesta gubernamental, se ha decidido reforzar los bloqueos de carreteras e insistir en la defensa legal de Incahuasi", dijo el líder cívico del departamento de Chuquisaca (sur), Rodrigo Echalar, resumiendo las resoluciones de una asamblea de la sociedad civil de ese distrito que concluyó en la noche pasada.
"Estamos dispuestos a continuar el diálogo, pero hay estas posiciones radicales de algunos dirigentes, sectores interesados en generar violencia, confrontación", dijo el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, en el Palacio de Gobierno.
Chuquisaca reclama la propiedad del campo de gas Incahuasi en desmedro del departamento de Santa Cruz, que por su parte ha convocado para la noche de este 10 de mayo a una asamblea de autoridades y dirigentes cívicos con objeto de adoptar medidas de presión.
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Los bloqueos afectan también a Sucre, la capital regional, donde el sentimiento antigubernamental se expresó el martes en una serie de agresiones callejeras al gobernador oficialista Esteban Urquizu, quien fue impedido de participar en la asamblea.
La propuesta gubernamental ofrecía incrementar las inversiones en exploración de hidrocarburos a cambio de dejar intacto el límite entre Chuquisaca y Santa Cruz y esperar que un nuevo estudio, en actual desarrollo, establezca la ubicación del campo Incahuasi.
En virtud de otro estudio de hace tres años, que determinó que el campo está ubicado íntegramente en Santa Cruz, este departamento ha estado recibiendo todas las regalías generadas por su explotación, que sumaron unos 60 millones de dólares en 2017.
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Santa Cruz "no aceptará de ninguna manera una reubicación del campo", advirtió el secretario de gobernación de ese departamento, Vladimir Peña, negando la posibilidad de dialogar con Chuquisaca sobre la ubicación del yacimiento.
Peña agregó que la Asamblea de la Cruceñidad convocada para la noche del jueves y que se prevé estará dominada ampliamente por la oposición conservadora, "asumirá las más enérgicas medidas en defensa de Incahuasi para Santa Cruz".
El yacimiento en disputa está en explotación desde fines del 2016, a cargo de un consorcio encabezado por la firma francesa Total y la rusa Gazprom.
Su producción es actualmente de tres millones de metros cúbicos diarios (mmcd) de gas natural y subirá a 6,9 mmcd a partir de 2020, según los planes oficiales.
