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    A la deriva: mexicanos desplazados reclaman cobertura de sus necesidades básicas

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    Las familias indígenas tzotziles, desplazadas de la comunidad Ejido Puebla en mayo de 2016, comenzaron una serie de marchas y concentraciones en la capital del estado de Chiapas para reclamar por la cobertura de las necesidades básicas que el Estado no les brinda.

    Son 249 las personas de esta comunidad rural que debieron abandonar sus hogares a raíz de las agresiones que recibieron por oponerse al Gobierno de la alcaldesa del municipio de Chenalhó, Rosa Pérez.

    Un hombre bebe agua
    © AP Photo / Rajesh Kumar Singh
    Actualmente se encuentran acampando en un predio de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde no tienen alimentos, medicinas, educación ni trabajo y viven "bajo techos de nylon", según dijo a Sputnik Diego Cadenas, director de la ong Centro de Derechos Humanos Ku'untik.

    "El Estado debe, en primer lugar, evitar el desplazamiento de personas, en segundo, atender las necesidades básicas de estas y en tercer lugar generar las condiciones para el retorno y tomar medidas de no repetición de los acontecimientos que los llevaron a esta situación.  Pero nada de esto ha sido cumplido por parte del Estado mexicano y es por esto que a un año y nueve meses los desplazados se ven obligados a tener que protestar para garantizar el cumplimiento de sus derechos humanos", explicó.

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    Las movilizaciones iniciaron esta semana con una marcha desde San Cristóbal de las Casas hasta Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas, donde tuvieron lugar otras marchas y se comenzó con un plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno. Además, Cadenas comentó que se está manejando la posibilidad de realizar una huelga de hambre.

    Asimismo, buscan que sus demandas lleguen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que intervenga y llegue alimento a los desplazados ya que, hasta el momento, han sobrevivido gracias las donaciones de la sociedad civil, señaló el director.

    El otro gran objetivo de las manifestaciones es lograr la liberación de dos integrantes de la comunidad que fueron detenidos como autores del asesinato de la niña Adriana Méndez Gutiérrez, cuyos padres son seguidores de la alcaldesa Pérez.

    A pesar de que la fiscalía retiró la denuncia y de que no se encontraron pruebas en su contra, los dos hombres (padre e hijo) continúan presos porque, según explicó Cadenas, son una "especie de moneda de cambio" para el Gobierno.

    "El Gobierno de Chiapas pretende una reconciliación en la comunidad pasando por encima de la Justicia. Es decir, quiere que los dos grupos (la comunidad indígena Tzotziles y los simpatizantes del Gobierno municipal) se perdonen, se comprometan a no agredirse mutuamente, que queden en libertad los detenidos de ambos grupos y que regresen a sus tierras como que si nada hubiera sucedido", afirmó.

    Para el activista, en México no hay separación de poderes ya que el Poder Judicial responde a una orden del gobernador del estado, Manuel Velasco, para que el conflicto sea resuelto en una mesa de carácter político.

    El origen

    El desplazamiento forzado de las familias indígenas tzotziles se dio a raíz de su rechazo a la elección y posterior gobierno de Rosa Pérez como alcaldesa del municipio de Chenalhó.

    Según Cadenas, su designación tenía como fin de construir la estructura para que su partido (el Partido Verde, también gobernante en el estado de Chiapas y aliado del oficialista Partido Revolucionario Institucional) pudiera utilizar en las próximas elecciones y aprobara sus iniciativas y reformas de leyes.

    La resistencia al Gobierno municipal fue perseguida políticamente y desencadenó el 16 de mayo de 2016 cuando los opositores, según sus costumbres, quitaron del poder a Pérez y nombran a un nuevo alcalde.

    "Quienes acudieron a ese evento fueron agredidos por los seguidores de la Rosa Pérez, que asesinaron a sangre fría a Guadalupe Cruz Hernández y a una niña de su propio grupo (Adriana Méndez Gutiérrez) por balas perdidas", recordó el director y aseguró que lo que sucedió no fue un enfrentamiento entre ambos grupos sino una agresión por parte de los simpatizantes del Gobierno.

    Luego de estos hechos de violencia, los indígenas tzotziles agredidos tuvieron que abandonar su comunidad, sus hogares fueron quemados y sus cultivos (su principal fuente de alimento y trabajo) fueron robados.

    Esta no es la única situación de desplazamiento forzado en Chiapas, ya que debido a un enfrentamiento entre los municipios vecinos de Chalchihuitán y Chenalhó, en octubre de 2017, fueron agredidos y obligados a irse más de 6.000 personas.

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    pueblos indígenas, derechos humanos, México
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