Los comisionados de la CIDH exhortaron al Estado mexicano en una audiencia celebrada en Bogotá a que "acepte el cronograma de diligencias y la declaratoria de intención de atención a las víctimas presentada por la representación de las familias de los 43 normalistas desaparecidos", dijo el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez que asiste a las familias.
Las familias de los jóvenes afirman que "el Gobierno federal busca cerrar el caso ante la proximidad de las elecciones" del 1 de julio próximo, sostiene el informe.
Los jóvenes desaparecieron tras un ataque de policías y sicarios a cinco autobuses repletos de estudiantes en la ciudad de Iguala (sur) la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada siguiente.
La CIDH, organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos, considera no obstante que las propuestas de los padres son "muy respetuosas y atendibles".
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El Estado pretende que se suspenda la audiencia programada para mayo y se negó a tomar cualquier compromiso concreto, "por lo cual es indispensable que siga la supervisión internacional", dijeron los familiares, según el reporte de sus abogados.
Los representantes del Estado afirmaron en distintas ocasiones que hay avances en la investigación y que este año presentarán conclusiones.
La representación legal de las familias advirtió que el Estado mexicano "ha incumplido los compromisos adquiridos para la investigación en los plazos que él mismo se adscribió".
Los defensores señalaron que los incentivos para que personas detenidas en la investigación puedan proporcionar información relevante "se encuentran contemplados dentro del artículo 25 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada".
Las madres y padres presentes en la audiencia señalaron que todos los elementos confirman que el Gobierno federal solo está "administrando el caso".
Finalmente lamentaron haber viajado hasta Bogotá "solamente para atestiguar cómo (el Estado mexicano) se niega a cumplir su trabajo".
Los abogados exigen que las autoridades federales de México asuman los compromisos firmados con el Mecanismo Especial de Seguimiento de la llamada Masacre de Iguala de la CIDH, el Estado y las familias.
