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    Polémica en México por enorme gasto público de $1.400 millones para elecciones

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    Víctor Flores García
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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El polémico presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, que se eleva hasta los 1.400 millones de dólares en 2018, es exorbitante porque los partidos blindaron los fondos públicos destinados a la política con una reforma constitucional, dijeron expertos consultados por Sputnik.

    "En el presupuesto solicitado hay casi 6.800 millones de pesos, es decir más de 380 millones de dólares (17,80 pesos por dólar actual) que entregará el INE a los partidos políticos", casi la tercera parte, señaló el politólogo y exconsejero electoral federal Jesús Cantú Escalante.

    Elecciones en México
    © REUTERS/ Edgard Garrido

    A grandes rasgos, "de ese monto del INE, unos 2.300 millones de pesos (casi 130 millones de dólares) se gastarán en las campañas electorales", estimó Cantú Escalante, quien integró la autoridad electoral de la histórica primera alternancia en la presidencia mexicana en siete décadas, en el año 2000.

    El actual investigador del prestigioso Instituto Tecnológico de Monterrey estima que los partidos recibirán otro tanto similar por parte de los organismos estatales en las 32 entidades de la federación mexicana, duplicando el dinero recibido del INE.

    "En total los partidos recibirán unos 12.500 millones de pesos" (700 millones de dólares) de diversos fondos públicos, añadió Cantú Escalante, quien también fuera consejero del anterior Instituto Federal Electoral (IFE) entre 1997 y 2003.

    De ese dinero del gasto público federal y provincial juntos, continuó, los partidos gastarán en total "unos 4.000 millones (casi 225 millones de dólares) en las campañas proselitistas de todas las instancias electorales, a nivel federal, estatal y municipal de las próximas elecciones generales".

    El INE justifica el gasto público más alto de la historia de México en eventos electorales, porque en las elecciones generales de julio de 2018 serán elegidos a la vez el presidente de la República, un nuevo Congreso federal de 500 diputados, y 30 de las 32 entidades tendrán comicios locales, nueve de ellas para elegir gobernador.

    Operación multimillonaria

    Cantú Escalante, quien fue presidente de las comisiones de la Organización Federal Electoral (1996-2000) señaló a esta agencia que, sin embargo, también las funciones del nuevo INE se han incrementado.

    "Comparar con otros países el gasto total de las instituciones administrativas electorales mexicanas es casi imposible, porque las autoridades electorales mexicanas desempeñan tres funciones que no tienen otras instituciones en el mundo", explicó el investigador.

    Un gasto que "devora casi la tercera parte" del presupuesto total es el registro federal electoral y la emisión de la credencial con fotografía.

    "En todo el mundo, esa es una responsabilidad de los ministerios del Interior, pero en México no existe la cédula de identificación personal", apuntó el también autor de varios libros sobre el sistema político del país latinoamericano.

    En segundo lugar, el presupuesto del INE incluye todo el gasto de los anuncios políticos de radio y televisión (los llamados "spots') que ahora son gratuitos para los partidos y debe monitorear.

    El organismo electoral debe también, en tercer lugar, vigilar que los noticiaros principales del país sean equitativos con los tiempos de cobertura e imparciales.

    "En esas tres funciones el instituto se gastará casi la mitad del presupuesto" de la autoridad electoral mexicana, señaló.

    Los partidos pusieron "candados" en el gasto público destinado a la política en la reforma constitucional del 2007 para que solo pudiera ser cambiada por mayoría calificada: dos terceras partes del Congreso y la mitad más uno de congresos de las 32 entidades federales.

    Las fuerzas políticas en el Congreso vendieron aquella reforma como una reducción del gasto público, cuando se calculaba el gasto de los partidos a partir de los "llamados costos mínimos de campaña" 65 por ciento de un día de salario mínimo (de 80 pesos diarios hoy), multiplicado por casi 80 millones de ciudadanos en el padrón electoral.

    Pero el presupuesto solo bajó una vez, después siempre subió de 30 a 50 por ciento en cada elección.

    Gastos sin precedentes e ilegaes

    "Los partidos aseguraron un altísimo financiamiento público para sostener sus burocracias partidistas, casi imposible de fiscalizar", dijo el experto electoral.

    Después no les importó tanto ese incremento creciente y obtuvieron otro logro enorme, pues "ya no pagan por la publicidad en radio y televisión, gracias a las mismas reformas constitucionales".

    Por ejemplo, recordó que en la elección presidencial del 2000, dos terceras partes del gasto total reportado fueron destinados a gastos de publicidad política en radio y televisión.

    Si los gastos de la publicidad política en medios audiovisuales se cobraran, los partidos gastarían no solo 4.000 sino unos 6.400 millones de pesos en las campañas (casi 360 millones de dólares), calcula Cantú Escalante.

    Por su parte, el politólogo Rubén Aguilar Valenzuela, asesor en campañas electorales de la firma AFAN Consultores Internacionales, calcula que los partidos rebasan los gastos de campaña que la ley permite hasta diez veces.

    "Si se hace un promedio de las estimaciones de los gastos reales de campaña, los partidos políticos en México rebasan hasta diez veces los topes legales de campañas", dijo a esta agencia Aguilar Valenzuela, profesor de comunicación política de la jesuita Universidad Iberoamericana (UIA).

    Mientras que en otros países se establecen topes de campaña en elecciones presidenciales, como unos 22 millones de dólares en Francia y casi 7 millones de dólares en Rusia, el politólogo que fue portavoz presidencial en el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) señala que "en México el problema es que los topes legales de campaña no se respetan".

    En 2012 el límite de gastos en la campaña presidencial autorizado en la ley fue de 336 millones de pesos (unos 19 millones de dólares), explicó.

    "El problema es que ningún partido respeta el límite legal de gastos y no se fiscaliza correctamente el origen de los fondos de las campañas", añadió.

    Si se utiliza su estimación, las campañas presidenciales reales se acercarán a los 200 millones de dólares por candidato.

    Cantú Escalante coincide con ese pesimismo: "desgraciadamente no sería muy optimista en eficacia de la vigilancia de los gastos de campaña".

    "No me atrevo a decir un número de veces que los partidos rebasan los topes legales de campaña, pero los rebasan con mucho", dice con cautela el investigador.

    Para cumplir el mandato de otra reforma del 2014 en materia de fiscalización de gastos, el IFE "tendría que fiscalizar en un tiempo récord una cantidad enorme de dinero gastado en las campañas".

    Las autoridades electorales deberán entregar dictámenes de la fiscalización 45 días después de celebradas las elecciones de esos masivos gastos de las campañas, en el marco de las posibles impugnaciones.

    La vigilancia en ese escaso tiempo es casi imposible, si se considera que para todos los cargos en disputa en México se registrarán unos 10.000 candidatos, estimó el politólogo.

    En ese sentido, puso como ejemplo la dificultad de vigilar las llamadas tarjetas de débito que los partidos reparten entre los votantes para gastar en comercios.

    Con diversas denominaciones de fondos, los candidatos entregan esas tarjetas a los votantes para gastarlas después de la jornada electoral, para asegurar que sí votaron por el partido que las regala.

    Solo en el llamado 'Pemexgate', la petrolera estatal Pemex desvió en el año 2000 unos 1.000 millones de pesos (casi 100 millones de dólares de la época) al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).

    "Ese monto era más del doble de los gastos de campaña de aquella elección, hoy la cifra es mucho más alta, varias veces más que los gastos oficiales", comparó Cantú Escalante.

    Los partidos políticos mexicanos, concluyó, "gastan muchas veces más de lo reportan y más de lo que la ley permite, no me queda absolutamente la menor duda que esa cifra es más alta que los topes legales de campaña".

    Las próximas elecciones generales de México se celebrarán en 1 de julio de 2018.

    Etiquetas:
    elecciones presidenciales, gasto público, Instituto Nacional Electoral (INE), México
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