El fiscal pidió que se indague sobre las presuntas "conductas delictivas en perjuicio de la Administración Pública Nacional" en las que habría incurrido el ministro, señalaron esas mismas fuentes.
En su solicitud al juez federal Ariel Lijo, el fiscal también pidió una batería de medidas relacionadas con la operación.
"El presente impulso penal no puede soslayar el interés y trascendencia que reviste la temática denunciada, por las consecuencias y entidad de los perjuicios económicos que le generan al Estado Nacional las conductas imputadas", sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal en su dictamen.
La colocación, sin precedentes en el país, se debió a la "capacidad de obtener financiamiento a muy largo plazo y a las tasas nominales más bajas de la historia argentina", alegó Caputo en un comunicado.
El fiscal Zoni objetó que "en los últimos días se han expresado públicamente distintos especialistas vinculados a la operatoria de bonos que han realizado diversos cuestionamientos sobre el endeudamiento denunciado que justifican la apertura de una investigación criminal en orden a estos hechos".
De momento una imputación
La causa fue abierta a raíz de la denuncia presentada por el diputado Darío Martínez y otros legisladores de la principal coalición opositora del país, el Frente para la Victoria (FpV).
El fiscal decidió que "en principio" sólo se ha de imputar "por las conductas delictivas a investigar" al ministro Caputo.
Sin embargo, aclaró Zoni en su dictamen, con el avance de la investigación podrían surgir "nuevas personas como partícipe, autor/a y colaborador/a en los hechos investigados".
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Según la denuncia presentada ante la justicia, la deuda nominal del Estado argentino por el bono a 100 años de plazo asciende a los 2.750 millones de dólares, pero el Tesoro Nacional solo recibió 2.480 millones de dólares porque los bonos cotizan bajo la par, es decir, por debajo del valor de emisión.
