El SAT "abrirá revisión, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México".
Horas después de la publicación de nombres de políticos, empresarios, narcos y celebridades de México abrieron cuentas con el Grupo Mossack Fonseca en Panamá, según 11,5 millones de documentos emitidos durante casi 40 años hasta diciembre de 2015, el SAT anunció que "procederá conforme a derecho respecto a contribuyentes señalados de contratar empresas offshore (costas afuera del país)".
Los documentos fueron filtrados al diario alemán Suddeutsche Zeitung y procesados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), una cantidad 46 veces mayor que la masa de documentos de Wikileaks.
En busca de evasión fiscal
La información publicada se revisará por el SAT "ante la evidencia de la información institucional existente, con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, a fin de iniciar el ejercicio de las facultades de Ley", dice un comunicado del organismo, enviado por la Presidencia de la República a los periodistas extranjeros acreditados en México.
La autoridad fiscal anuncia además que "invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para hacerse llegar de más elementos, de ser necesario".
La fulminante reacción anticipa que la actuación de la autoridad federal no se hará pública: "el SAT actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país, incluyendo el no hacer pública información sobre contribuyentes específicos, en términos de la reserva fiscal establecida en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación".
Asimismo, el SAT podrá solicitar la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la administración pública, en el marco de sus respectivas facultades, dice el anuncio oficial.
La investigación en paraísos fiscales a partir de Panamá ha sido realizada en 76 países y 109 organizaciones periodísticas que tiene como contraparte a la revista Proceso en México, que ha encontrado a empresarios mexicanos ligados al poder que sacan dinero del país.
Los empresarios son los más activos en la firma panameña, en especial Armando Hinojosa Cantú que esconde 100 millones de dólares en negocios fantasma, contratista del Gobierno, favorecido por el presidente Enrique Peña, un constructor y financista de una mansión de la Primera Dama, Angélica Rivera.
El 29 de octubre de 2014, México y 50 países más firmaron en la ciudad de Berlín, Alemania, el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, en el marco de la 7° Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal organizado por la OCDE que reúne a mayores economías del mundo.
Dicho acuerdo firmado por México entrará en vigor a partir de 2017, y permitirá el intercambio automático de información, mediante reportes estandarizados de las inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países, entre ellos, los que hoy se citan como paraísos fiscales, puntualiza el organismo federal.
Durante casi un año, bajo estrictas medidas de seguridad del ICIJ y el diario de Munich, con un grupo de 376 periodistas alrededor del mundo, han descubierto que abogados y especialistas en finanzas mexicanos y extranjeros han ayudado a mexicanos a "crear compañías de papel, fideicomisos, sociedades, fundaciones y otras entidades en un laberinto de estructuras internacionales en las que se perdía la pista del dinero y la identidad de los dueños, hasta ahora".
