"Hice el compromiso de ayudar a aclarar todo lo sucedido en el lamentable caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, y vamos a cumplir", dijo el mandatario al ratificar a los familiares una de sus promesas de campaña.
La declaración de López Obrador se refiere una sentencia del primer tribunal colegiado con sede en Tamaulipas (noroeste), que constató un "cuadro manifiesto de graves irregularidades" en las pesquisas federales anteriores, y dictaminó reabrir la investigación con la creación de una comisión de la verdad.
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Distintas instancias federales del Gobierno del presidente saliente, Enrique Peña Nieto, promovieron más de 200 impugnaciones judiciales en contra de esa sentencia, pero el tribunal la ratificó el pasado 20 de septiembre.
El centro de análisis Fundar, organización independiente que acompaña la representación legal de las familias ante autoridades federales y organismos internacionales, informó que son tres los compromisos del próximo asumidos por el futuro mandatario.
El tercer compromiso es que "organismos internacionales acompañarán las investigaciones".
Las irregularidades que el tribunal confirmó para exigir la reposición de la investigación, incluyen torturas y maltratos infligidas a muchos de los más de cien detenidos e imputados por el llamado Caso Iguala, ciudad a 220 kilómetros de la capital donde ocurrieron los hechos la noche del 26 de septiembre y el día siguiente.
Fortalecimiento institucional
El presidente electo ratificó que durante su mandato las instituciones mexicanas se fortalecerán.
"No debemos de temer si se conoce la verdad, las instituciones se fortalecen con la verdad, y se debilitan con la mentira, porque no es cierto que si se investigaba y se llegaba a conocer la verdad se iban a debilitar las instituciones del Estado mexicano, eso es falso", enfatizó.
Los organismos que coadyuvarán a las nuevas investigaciones son la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
López Obrador reafirmó su compromiso de autorizar el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, cuya colaboración fue terminada por el Gobierno de Peña Nieto, tras los hallazgos de torturas, y líneas de investigación inconclusas, en particular sobre el papel de la Policía Federal y militares del ejército.
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Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan del estado de Guerrero, quien integra la representación legal de los familiares de los desaparecidos señaló que el mandatario electo tiene "una gran oportunidad de mostrarse distinto a los anteriores y dar resultados".
El próximo Gobierno del líder de izquierda nacionalista podría mostrar su distinción de forma muy concreta, indicó.
"Este es un tema muy tangible en el cual puede dar resultados puede servir como elemento que ayude a resolver los demás casos de desaparecidos", puntualizó Rosales en el marco de la reunión.
Las familias y expertos internacionales rechazan la llamada "verdad histórica" presentada el 27 de enero de 2015 por la fiscalía, según la cual, cinco autobuses en el que viajaban los jóvenes a la conmemoración anual de la Masacre de Tlatelolco, hacia la capital mexicana, fueron atacados a balazos en Iguala por policías municipales, con resultado de siete personas muertas, unos 25 heridos y 43 fueron detenidos.
Los policías confesaron que entregaron los detenidos a la organización criminal narcotraficante "Guerreros Unidos", que los habría asesinado, quemado sus cuerpos en un basurero municipal de Cocula, que colinda con Iguala.
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Según esa versión, los restos fueron arrojados a un río cercano, de donde se recuperaron algunos huesos calcinados, que permitieron identificar a un solo estudiante.
Por la CIDH asistieron los comisionados Esmeralda Troitiño, Ernesto Vargas y Paul Abreu; y pos la ONU el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Jan Jarab, y el titular de la CNDH, Luis Raúl González.
El responsable del cumplimiento de los acuerdos será Alejandro Encinas, quien ocupará el cargo de subsecretario federal de Derechos Humanos.
