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Presidente saliente de México deja sin resolver la masacre de Ayotzinapa

© AFP 2021 / Alfredo EstrellaFamiliares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa
Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa - Sputnik Mundo
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue incapaz de esclarecer la masacre de estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa y deja "una herencia de impunidad", dijo a Sputnik Sergio Ferrer, portavoz del centro de derechos humanos de la Montaña 'Tlachinollan' de Guerrero, en el sur del país.

"Peña Nieto deja una herencia de impunidad al próximo gobierno, la peor ola de violencia criminal solapada por autoridades, y el caso emblemático de los 43 desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa", dijo Ferrer, vocero del centro cuyos abogados integran la defensa de las familias de las víctimas ante las autoridades nacionales y organismos internacionales.

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La noche del 26 de septiembre de 2014, y la madrugada siguiente, policías de al menos cuatro municipios, en complicidad con la organización criminal narcotraficante Guerreros Unidos, atacaron a balazos y persiguieron a cinco autobuses ocupados por un centenar jóvenes normalistas en Iguala, Guerrero, 220 kilómetros al sur de la capital, donde mataron al menos a siete personas, hirieron a 25 más y secuestraron a 43 estudiantes que fueron presuntamente entregados a sicarios y desaparecidos.

En el marco de la campaña electoral, la compleja trama de la investigación judicial fue marcada por nuevos hallazgos de torturas a los presuntos autores materiales, que se inculparon bajo tormentos, resultado de investigaciones de expertos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Para los defensores de las víctimas, ese caso es el paradigma del principal problema de México: el fracaso del sistema nacional de justicia, un agudo problema que demorará décadas en resolverse.

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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (ONU-DH) en México, y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, revisaron los más de 500 tomos del expediente y entrevistaron a más de 120 detenidos en las cárceles, entre ellos 71 procesados por secuestro, sobre todos policías y presuntos sicarios.

Lo que los expertos del Alto Comisionado encontraron fue publicado este año en un informe sobre "torturas y encubrimiento" en la investigación del llamado Caso Ayotzinapa o Iguala, que fue rechazado tajantemente por el Gobierno mexicano.

Crisis diplomática

A pesar de las protestas oficiales ante la sede del organismo en Ginebra, la ONU-DH reafirmó la validez de la metodología y de los hallazgos de su informe tras las críticas hechas públicas el pasado 7 de mayo por el Gobierno mexicano.

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Asimismo, la oficina de Jan Jarab, representante en el país latinoamericano del Alto Comisionado, indicó que "después de una lectura minuciosa de la respuesta del Gobierno de México, reafirma que operó dentro del mandato establecido en el acuerdo firmado con el Gobierno mexicano en 2002 que estableció su oficina de país", durante el mandato del entonces presidente Vicente Fox (2000-2006).

El experto señaló que el informe fue elaborado "de conformidad con un acuerdo que abarcaba sus actividades", a pesar de la decisión del Gobierno de Peña Nieto de no renovarlo, luego de que expirara el 1 de febrero de 2018.

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El documento de marras, titulado 'Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa', publicado el 15 de marzo de 2018, concluyó que hay "fuertes elementos de convicción para considerar que al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 fueron torturadas y muchas de ellas detenidas arbitrariamente".

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Revelaba además el hallazgo de que esas "serias violaciones" fueron a su vez "inadecuadamente investigadas y encubiertas".

El Gobierno respondió con un rechazo al informe, que calificó de "prematuro".

Sin embargo, las autoridades federales denunciaron que su publicación "no atendió a lo dispuesto en el Acuerdo entre ambas partes sobre la continuidad de sus actividades en México, del 22 de febrero de 2017, ya que la decisión de publicar el referido informe se constituyó en un incumplimiento de la letra y espíritu del acuerdo señalado".

En la inusual controversia pública entre las partes, la oficina de Jarab exigió a las autoridades mexicanas "que concluyan las investigaciones dentro de un plazo razonable e identifiquen a los responsables".

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El asunto cobró resonancia durante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reunida en Santo Domingo, República Dominicana, del 9 al 11 de mayo de este año.

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El comisionado del organismo interamericano, Ernesto Vargas, expresó su preocupación por las descalificaciones contra Jarab y la oficina de las Naciones Unidas, y demandó "prestar máxima atención a lo señalado en el informe de la ONU", acerca de torturas de los imputados.

La delegación gubernamental replicó que "se trató de conclusiones prematuras que podrían afectar el resultado de las investigaciones".

El Gobierno de Peña Nieto ya había tenido graves roces públicos con el organismo interamericano tras los hallazgos de los expertos del GIEI que auspició la CIDH, que fue obligado a abandonar el país luego de que no fue renovado el convenio de cooperación, en mayo de 2016.

El Gobierno advirtió al organismo interamericano que la postura oficial ante la ONU también "resulta relevante para el trabajo de la CIDH en el marco de la labor del mecanismo de seguimiento", que lo obliga a acudir a las audiencias públicas.

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Con esa insinuación, el Gobierno de México también puso en duda el futuro de esa cooperación con la instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos, y subrayó que había logrado avances relevantes, con "nuevas consignaciones de presuntos responsables".

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Sin embargo, la representación legal de las familias advirtió ante la CIDH de "cuatro señales" de un posible cierre del caso con impunidad.

En primer lugar, el rechazo de México al informe de la ONU-DH.

Asimismo, denunció "la filtración y tergiversación de mensajes de presuntos involucrados", hechos por telefonía celular entre narcotraficantes en el estado de Guerrero (sur) y sus presuntos jefes en la ciudad estadounidense de Chicago, proporcionados por la agencia antidrogas de EEUU, y publicados el mes pasado por un medio mexicano.

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Según los abogados del Centro de DDHH Tlachinollan, del jesuita Centro de DDHH Agustín Pro Juárez, y el Servicio para la Paz, el propósito de filtrar esas pruebas es "exculpar a funcionarios de Guerrero y federales".

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Los otros dos elementos ominosos son, según las familias y sus defensores, "la deficiencia al fincar nuevas acusaciones; y el rechazo a cumplir el diagnóstico psicosocial", del entorno criminal; y la complicidad de agentes del Estado en los ataques a cinco autobuses en que viajaban los estudiantes.

Esos mensajes interceptados indican que "cuando los estudiantes ya estarían reducidos a cenizas, según las llamadas 'confesiones' que sustentan la teoría del caso, los presuntos criminales aún hablaban de ellos como detenidos", argumentaron.

Esa investigación internacional desarmó la narrativa oficial, llamada 'Verdad Histórica', y en cambio apunta a altas autoridades señaladamente a la Policía Federal y al Ejército, a casi cuatro años de la tragedia que el gobierno saliente deja sin esclarecer, junto con más de 35.000 casos de personas desaparecidas.

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