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    QUITO (Sputnik) — La prefecta de la provincia ecuatoriana de Pichincha (norte), Paola Pabón, denunció por fraude procesal a un fiscal provincial y a un oficial de la Policía Nacional que activaron una diligencia judicial que podría terminar con las medidas sustitutivas que ella mantiene desde diciembre, en lugar de la prisión preventiva.

    "Hoy estamos poniendo una denuncia por fraude procesal a dos personas: al fiscal provincial de Pichincha (Alberto Santillán) y al teniente coronel Carlos Albán, que es quien suscribe el supuesto informe que sería el elemento por el cual el fiscal Santillán ha solicitado se me revoquen las medidas sustitutivas a la prisión preventiva", dijo Pabón, a periodistas.

    En medio de un grupo de simpatizantes que gritaban consignas de respaldo a su causa, Pabón llegó a una unidad judicial de la capital de Ecuador para entregar la denuncia.

    La Corte de Justicia de Pichincha fijó en días pasados para el próximo lunes la audiencia para tratar el pedido de revisión de medidas cautelares, que podrían ser cambiadas por prisión preventiva dentro del caso por rebelión durante las protestas de octubre por el que Pabón fue llamada a juicio.

    En el pedido para que se practique dicha diligencia, el fiscal Santillán afirmó que recibió una alerta de que la prefecta "pretendería evadir el accionar de la justicia adquiriendo asilo político en la Embajada de México".

    Sin embargo, a través de Twitter, la representación diplomática de México en Quito negó que Paola Pabón o cualquier otro ciudadano ecuatoriano hubiera presentado una solicitud de asilo, refugio o ayuda humanitaria.

    Pabón afirmó que no ha pedido ni pretende pedir asilo y que afrontará el juicio en su contra defendiéndose en derecho.

    Según la prefecta, con el supuesto documento policial se busca inducir a error al juez convocante de la diligencia con el fin de que ella sea arrestada, lo que es sancionado como "fraude procesal".

    Pabón aseguró que su defensa no ha tenido acceso al documento policial, al que la Fiscalía impuso carácter de reservado.

    El pasado 27 de septiembre, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya, llamó a juicio por el delito de rebelión a Pabón; a Virgilio Hernández, secretario del movimiento Revolución Ciudadana, cuyo líder es el expresidente Rafael Correa (2007-2017) y a Christian González, también integrante del movimiento político.

    Por 72 días, hasta el 24 de diciembre pasado, la prefecta estuvo en la cárcel de Latacunga (centro).

    Ese día una jueza levantó la prisión preventiva que pesaba en contra de los tres procesados y ordenó medidas alternativas como el uso de grillete electrónico, presentación periódica ante un juez y congelamiento de cuentas bancarias.

    Según la ley ecuatoriana, la rebelión tiene penas de entre cinco y siete años de cárcel.

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