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    QUITO (Sputnik) — El fiscal de la provincia ecuatoriana de Pichincha, solicitó fijar día y hora para revisar las medidas cautelares, y evitar un posible asilo, de la prefecta de esa localidad, Paola Pabón, llamada a juicio por el supuesto delito de rebelión contra el gobierno del presidente Lenín Moreno durante las protestas de octubre de 2019.

    "Se pone en conocimiento del suscrito fiscal provincial una alerta generada en virtud de que se pretendería evadir el accionar de la justicia adquiriendo asilo político en la Embajada de México, lo que sin lugar a duda impediría el efecto jurídico de las medidas cautelares vigentes generando su incumplimiento, por lo que solicito se señale día y hora para que dichas medidas sean revisadas", dijo el fiscal Alberto Santillán, en un escrito presentado ante el juez que lleva el caso.

    En declaraciones a Sputnik, la prefecta dijo que ejercerá el cargo hasta 2023, cuando termina las funciones para las que fue elegida en 2019.

    "Más allá de las complicaciones legales está mi compromiso con Pichincha; yo fui electa prefecta y le debo a esta provincia la responsabilidad de trabajar hasta el último día y hacerlo bien", aseguró Pabón.

    La funcionaria afirmó que no solicitó ni solicitará asilo político.

    En una conferencia de prensa, la prefecta dijo que no se justifica el pedido de revisar las medidas cautelares y que no tiene lugar que una vez terminada la fase de investigación, en febrero.

    Además, señaló que no hay un incumplimiento de su parte para que se le retiren.

    La política pidió al Ministerio de Gobierno y al Comandante General de la Policía que expliquen por qué se le realizan seguimientos extrajudiciales, y advirtió que interpondrá acciones legales a nivel local e internacional para precautelar su derecho a la privacidad, intimidad y, sobre todo, su seguridad.

    En paralelo, la embajada de México en Quito escribió en su cuenta de la red social Twitter que no recibió solicitudes de asilo por parte de ningún ciudadano ecuatoriano.

    Según Pabón, el pedido del fiscal para retirarle las medidas cautelares sería parte de una persecución política en su contra y serviría como un pretexto para llevarla nuevamente a prisión.

    En octubre, al inicio de la instrucción fiscal en su contra, la funcionaria recibió orden de prisión preventiva y estuvo recluida en una cárcel de la ciudad de Latacunga (centro).

    La misma medida fue aplicada al exlegislador Virgilio Hernández, y su asistente, Christian González, quienes al igual que Pabón pertenecen al movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

    En diciembre, una jueza de la Corte de Pichincha dispuso que los tres sean liberados para que enfrenten el proceso en libertad, pero con medidas cautelares como el uso de grillete electrónico y prohibición de salida del país, entre otras.

    Pabón, Hernández y González fueron llamados a juicio por el presunto delito de rebelión relacionado con las violentas protestas de octubre contra un decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles y que posteriormente fue derogado por el presidente Lenín Moreno.

    Etiquetas:
    justicia, Ecuador, rebelión
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