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    QUITO (Sputnik) — La Contraloría General de Ecuador encontró indicios de responsabilidad penal por parte del Municipio de Quito en la compra de 100.000 pruebas PCR para detectar COVID-19, según un informe al que tuvo acceso Sputnik.

    "La Contraloría aprobó un informe con indicios de responsabilidad penal por la compra de reactivos PCR", dice un reporte de la Contraloría revisado por Sputnik.

    Según el informe, la Secretaría de Salud del Municipio de Quito no definió objetivos, número de pruebas a aplicar ni capacidad de procesamiento de los resultados.

    La Contraloría envió el documento a la Fiscalía de Ecuador para que sea anexado a una investigación en contra de los funcionarios del Municipio de Quito implicados en la compra, por 3,7 millones de dólares, de 100.000 pruebas PCR a mediados de abril.

    En su informe, la Contraloría también señaló que el estudio de mercado no incluyó un análisis técnico comparativo de los ítems y precios ofertados a la Secretaría de Salud del Municipio, a fin de establecer adecuadamente el presupuesto referencial.

    En las especificaciones técnicas del contrato, dicha Secretaría estableció la necesidad de adquirir 200.000 pruebas PCR, indicó la Contraloría.

    Sin embargo, el presupuesto referencial se elaboró a partir de la oferta presentada por la compañía que resultó ganadora, la cual cotizó por 100.000 pruebas PCR y equipos de diagnóstico en calidad de comodato.

    A mediados de abril, la Secretaría de Salud dio inicio al proceso de contratación, elaboró el acta de recepción de ofertas y el informe en el que se recomendó la adjudicación del contrato, según el órgano de control.

    Por último, la dependencia municipal no analizó las propuestas económicas y técnicas de otras empresas; además no existe evidencia documental de la entrega de las ofertas sobre las cuales se adjudicó el contrato.

    En mayo pasado, la Fiscalía General realizó seis allanamientos, entre ellos a la casa del exsecretario de Salud del Municipio Lenín Mantilla, como parte de una investigación previa por un presunto sobreprecio en la compra de las 100.000 pruebas.

    Mantilla fue separado del cargo tras las denuncias sobre corrupción en el caso.

    En Ecuador se han hecho constantes las denuncias de corrupción en adquisición de medicinas e insumos para enfrentar la pandemia del COVID-19.

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