La iniciativa legislativa para modificar la Ley de variedades vegetales fue presentada por el diputado Eraclio Rodríguez —electo por el partido Morena en el norteño estado de Chihuahua— a comienzos del año 2020, y en junio recibió un impulso especial al revelarse su vínculo con las condiciones que se pautaron en la renegociación del nuevo Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Sin embargo, el T-MEC brinda a México un plazo de cuatro años para discutir su entrada al Acta Upov91, algo que abrió una grieta en el Gobierno mexicano en torno a la defensa del sector campesino que, según las fuentes políticas consultadas por Sputnik, es reconocido como esencial para el Gobierno liderado por Andrés Manuel López Obrador.
La sesión extraordinaria de la Cámara de este martes 30 de junio fue prevista para avanzar en la consolidación de otras leyes vinculadas al nuevo T-MEC, que entrará en vigor este miércoles 1 de julio, cuando se especula —aún sin confirmación— que esa sea la fecha en que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador visite la Casa Blanca, sede presidencial del Gobierno norteamericano.
La protección de un sector esencial
El diputado electo por el partido Morena en el estado de Coahuila, Diego Del Bosque, forma parte de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, dónde se dio, con mayor intensidad, la discusión sobre la modificación legal de marras.
"Recibimos la noticia que al no haber consenso ni acuerdo claro respecto a la modificación de la Ley Federal de Variedades Vegetales, se bajaba la discusión de la sesión extraordinaria", confirmó a Sputnik el representante nacional mexicano.
"Si esta propuesta siguiera el curso normal de una iniciativa de ley, cabe la opción que la Comisión de agricultura y desarrollo rural convoque a un parlamento abierto para escuchar a los actores involucrados", explicó Del Bosque.
También señaló que existe la posibilidad que el Poder Ejecutivo Federal busque una manera de modificar este requisito impuesto en el T-MEC para México, que pauta tres cambios drásticos para la agricultura local:
- elimina el reconocimiento al derecho de los agricultores a guardar su propia semilla, algo llamado el uso propio, reconocido por la FAO —la organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura— desde la década de 1970;
- solo reconoce como un uso legítimo para el país el uso de semillas "certificadas y registradas", cuyos cánones responden a las producidas por las empresas de la agricultura industrial y no a las producidas por las prácticas campesinas;
- criminaliza el libre intercambio de semillas entre los agricultores, al promover la adhesión de penas y sanciones vinculados al "uso ilegítimo" de semillas patentadas
"Está en manos del Poder Ejecutivo la posibilidad de que México pueda reconsiderar adherirse a Upov91 en el Tratado de Libre comercio y establecer algún tipo de salvaguarda al respecto", señaló Del Bosque en entrevista con este medio.
De no avanzarse en esa posibilidad en el Poder Ejecutivo —dijo— en el Poder Legislativo ya analizan la construcción de una serie de mecanismos legales "que protejan a los campesinos y se les garantice que no va a haber afectación a los productores rurales que son uno de nuestros sectores esenciales en México", dijo el diputado Del Bosque.
Así, explicó que existe la voluntad de avanzar con la aprobación de al menos dos leyes ya identificadas:
- una ley específica sobre derechos campesinos protegiendo sus prácticas ancestrales y comunitarias, que han sido las responsables de la construcción de la biodiversidad mexicana;
- una ley sobre recursos fitogenéticos que "pudiera proteger la naturaleza y su diversidad creada por manos campesinas, que no está registrada ni certificada, pero que es la base de la alimentación y también de las semillas que utiliza el sector industrial", refirió la fuente.
En este sentido, comentó que se habían incluido dos párrafos en el proyecto original del diputado Eraclio Rodríguez, reconociendo en su primer párrafo los derechos campesinos a producir su semilla, intercambiarla libremente conforme a sus usos y costumbres, y a beneficiarse de lo producido en sus parcelas de tierra; así como una segunda modificación señalando la exclusión del sector campesino de las modificaciones propuestas en la ley, gracias a un mecanismo referido como un candado legal.
Aunque no se trate su modificación antes de la entrada en vigencia del T-MEC como se propuso originalmente, es probable que la iniciativa de reforma de la Ley Federal de Variedades vegetales regrese al Congreso mexicano en septiembre de este año, cuando se reinicie el período ordinario de sesiones del Legislativo.
El propósito de ese candado, según señaló Del Bosque, fue hacer manifiesta la existencia en México —y en toda América Latina en particular, aunque también en el mundo entero— de dos categorías de producción agrícola: una destinada a la exportación promovida por grandes empresarios y otra, la agricultura familiar, de pequeña y mediana escala que suele tener destino para el auto-consumo o para el consumo local.
"El nuevo tratado de libre comercio nos da cuatro años para que actualicemos nuestra legislación protegiendo sectores esenciales, como creemos que es el sector campesino y sus semillas en México. No convino de ninguna manera que nos apresuráramos a aprobar una reforma legal que seguía teniendo defectos", concluyó.
