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    LIMA (Sputnik) — La reanudación de la actividad minera en la primera semana de mayo, prevista por el Gobierno de Perú, puede agravar conflictos porque no hay un protocolo sobre las relaciones entre las empresas y las comunidades en medio de la crisis del COVID-19, dijo a Sputnik la organización ambientalista CooperAcción.

    "Desde la primera semana de mayo, una de las actividades que se van a reanudar es la minería. El tema es que hasta la fecha no se tiene un protocolo de cómo las empresas se van a relacionar con las comunidades en su zona de influencia, y no sabemos de qué manera se está llevando este tema. Esto puede agravar situaciones en zonas que ya tienen conflictos sociales", dijo a Sputnik el abogado y especialista legal de CooperAcción, Leonidas Wiener.

    Las zonas aledañas a los yacimientos, muchos ubicados en los Andes peruanos, se han caracterizado por tener frecuentemente conflictos con las mineras por problemas territoriales, ambientales o de incumplimiento de los términos de la actividad extractiva.

    Wiener señala que actualmente varias comunidades se están encargando de la vigilancia de sus territorios para impedir la entrada de posibles infectados de COVID-19, un asunto urgente para pueblos altamente vulnerables por su situación de pobreza y escaso acceso a servicios de salud de calidad.

    De esta manera, cualquier medida que reanude la actividad en los yacimientos podría resultar en conflictos si no se informa a las poblaciones sobre el protocolo a seguir, o se les da garantías de medidas sanitarias eficientes, comentó.

    En la actualidad se han reportado 238 casos de trabajadores mineros infectados en diversos yacimientos de Perú, aunque no se descarta que pueda haber más porque "las autoridades nacionales y el sector minero guardan total hermetismo sobre el tema", según el medio local Gran Angular.

    Para el abogado de CooperAcción, es necesario observar cómo se sucede la reactivación del sector por los antecedentes recientes de parte de las empresas en medio de la crisis sanitaria.

    "Hace poco se aprobó un protocolo para permitir el relevo de trabajadores mineros que ya tenían 30 días en los yacimientos desde que empezó la emergencia. El problema es que este protocolo no exigía a las empresas realizar una prueba de descarte del COVID-19 tanto para los trabajadores que entran como para los que salen", explicó Wiener.

    El abogado acusó al Gobierno de trato "preferencial" hacia las mineras, a lo que se suman numerosas denuncias de comunidades y sindicatos de que luego de la declaratoria del estado de emergencia (el 16 de marzo), las actividades mineras siguieron realizándose por algunos días de manera normal.

    Por otro lado, para garantizar una operación segura y una reactivación con garantías, el Gobierno carece de capacidad para fiscalizar eficientemente, según Wiener.

    "No hay control de parte de la Policía y el Ejército (para las operaciones mineras) porque los yacimientos se encuentran en zonas muy alejadas", dijo.

    Perú registra 782 fallecidos por la enfermedad respiratoria y 28.699 infectados.

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    protocolo, coronavirus en América Latina, pandemia de coronavirus, coronavirus, COVID-19, mineros, minería, Perú
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