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    BUENOS AIRES (Sputnik) — El exvicepresidente de Argentina, Amado Boudou, apeló a la Corte Suprema para que este tribunal se pronuncie a favor de anular el juicio por el que fue condenado por la compra irregular de una empresa que imprimía papel moneda para el Estado, Ciccone Calcográfica.

    Boudou "pidió a la Corte Suprema de Justicia que apure el dictado de un fallo anulando el juicio", informaron fuentes judiciales consultadas por esta agencia.

    A través de su defensa, el exfuncionario aceptó también la posibilidad de que se realice un nuevo juicio en el que él pueda estar en libertad, dado que la sentencia del caso no está firme.

    Boudou, que era ministro de Economía cuando se produjo la compra de la empresa Ciccone Calcográfica, fue condenado en agosto de 2018 a la pena de cinco años y 10 meses de cárcel por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

    Un tribunal posterior rebajó en casi tres meses la condena al tener en cuenta el tiempo que había pasado en prisión preventiva.

    En su recurso, los abogados del exvicepresidente pusieron el foco también en el pago millonario que el Gobierno anterior de Mauricio Macri (2015-2019) realizó a uno de los arrepentidos que hubo en la causa, Alejandro Vandenbrole, cuyo testimonio fue clave en el juicio para condenar a Boudou y que a su vez recibió la pena de dos años de reclusión.

    En el escrito de la defensa, los letrados advierten que les fueron negados los documentos que dan cuenta del pago millonario que hubo a Vandenbroele a través del programa de protección de testigos por valor de 1.500.000 pesos (23.809 dólares al cambio actual).

    Esta denuncia se conoció a través de una investigación periodística del portal El Destape que publicó en un artículo titulado "El macrismo le puso un hotel boutique a Alejandro Vandenbroele, arrepentido clave para condenar a Amado Boudou".

    Según la investigación, el arrepentido Vandenbroele habría solicitado ese dinero para un desarrollo turístico identificado como Posada La Masía en la provincia de Mendoza (centro-oeste) y el pago fue secreto y mantenido oculto a las partes.

    Esta noticia llevó a que el mismo juez federal que homologó el acuerdo con el arrepentido, Ariel Lijo, ordenara el comienzo de una investigación penal.

    El Gobierno anterior del expresidente Macri sancionó y promulgó en 2016 una ley que incorporaba la figura del arrepentido al Código Penal y que habilita a que el imputado o procesado obtenga beneficios procesales, que en ningún caso pasan por la extinción de la pena, a cambio de datos precisos y de utilidad sobre los máximos responsables de la comisión de un delito de corrupción o de asociación ilícita.

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    Amado Boudou, Argentina
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