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    La cría de ganado en terrenos deforestados de forma ilegal es uno de los principales factores de destrucción de la Amazonía, por lo que poder rastrear el origen de la carne en toda la cadena productiva es uno de los objetivos de un número creciente de productores brasileños, presionados por las exigencias cada vez mayores de los consumidores.

    "El propio sector declara que tiene que haber un movimiento sectorial hacia la rastreabilidad del proveedor indirecto; cada vez son más las empresas y empresarios que quieren ser transparentes y medir sus impactos sociales y ambientales", comentó en una entrevista con Sputnik la líder del programa de Cambios Climáticos del Instituto Arapyaú, Renata Pizzon, uno de los principales socios del proyecto Amazonia Posible.

    En la pasada COP25 celebrada en Madrid, Pizzon medió un debate sobre el tema con la presencia, entre otros, de representantes de la Asociación Brasileña del Agronegocio (ABAG) y del área de sostenibilidad de la brasileña JBS, la mayor productora de carne del mundo.

    Hasta el momento, una de las principales iniciativas en Brasil para verificar que la carne que llega al consumidor no procede de selva deforestada de forma ilegal se remonta a 2009, cuando el Ministerio Público Federal llegó a un acuerdo con productores para firmar el Término de Ajuste de Conducta (TAC).

    El pacto consiste en suspender la venta de carne procedente de áreas deforestadas y que los frigoríficos no compren carne de proveedores que no estén en regla con las normas ambientales o laborales brasileñas.

    Según un informe que la ONU divulgó en su momento, el proyecto representa uno de los mayores procesos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como un gran avance en la preservación ambiental.

    Diez años más tarde, no obstante, los resultados son desiguales, según los números que el Ministerio Público Federal del estado de Pará (el líder en deforestación, al norte de Brasil) presentó en noviembre.

    De los 23 frigoríficos analizados este año en Pará, hubo irregularidades en el 6,25% de las cabezas de ganado adquiridas; y en algunos casos, como el del frigorífico Flávio DR Nobre, el 80% de su ganado tenía irregularidades en su origen.

    Al presentar los datos, el procurador Daniel Azeredo, uno de los ideólogos del TAC, fue franco: "Ninguna empresa que hoy compra en la Amazonía puede decir que no tiene ganado que proceda de la deforestación en su actividad productiva (…) ninguna empresa frigorífica y ningún supermercado", advirtió.

    Esto se debe a que las auditorías solo controlan la última fase del proceso, cuando en realidad donde suele haber más irregularidades es en los proveedores indirectos.

    Normalmente, un mismo animal pasa por diversas haciendas a lo largo de su vida, en las fases de cría y engorde, mientras que el frigorífico tan solo verifica la conformidad ambiental de la última finca, la que le entrega el animal listo para ir al matadero.

    Otras brechas son la falsificación del Registro Ambiental Rural (CAR en su sigla en portugués), un documento autodeclaratorio que permite que el propietario modifique los limites de su terreno dejando fuera área deforestada ilegalmente, o el "blanqueo" de ganado, cuando se vende un animal criado en área irregular como si hubiese salido de una zona "limpia".

    Para Pizzon, el actual ambiente político en Brasil no favorece a las empresas que de verdad se esfuerzan en cumplir los requisitos ambientales.

    "El discurso de flexibilización de las leyes ambientales puede colocar a todas las empresas en el mismo nivel, y debemos unir esfuerzos para mostrar que existe un Brasil serio que tiene un compromiso con el respeto a las leyes y a la soberanía nacional y con el combate a cualquier actividad ilegal en la Amazonía", comentó.

    Además, la portavoz del Instituto Arapyaú recordó que la mayoría de la deforestación ilegal no se produce en terrenos privados, sino en áreas pertenecientes al Estado (el 60% de la selva es pública) que son ocupados ilegalmente.

    La deforestación en la Amazonía aumentó un 30% este año en comparación con el periodo anterior, y Brasil está cada vez más lejos de alcanzar la meta que se fijó en el Acuerdo de París, de acabar con la deforestación ilegal antes de 2030.

    No obstante, Pizzon recuerda que revertir ese cuadro es posible, porque Brasil ya demostró que puede lograrse: entre 2004 y 2012 la deforestación en la Amazonía cayó más del 70%, gracias a la expansión de áreas protegidas, el aumento de la fiscalización en los municipios que más deforestaban, castigos más eficaces, la moratoria de la soja, el TAC de la carne o el registro ambiental rural.

    "No tenemos que reinventar la rueda, sino cumplir lo que se puso en marcha desde 2004, que es: reforzar el comando, control y orden territorial y fomentar una economía forestal en la región", remarcó.

    Por el momento, el Gobierno de Jair Bolsonaro presenta propuestas en la dirección contraria, como la autorización para plantar caña de azúcar en la Amazonía (prohibida desde 2009) o un proyecto de ley que permitirá la explotación ganadera y de minerales dentro de territorios indígenas.

    Etiquetas:
    deforestación, ganado, carne, Amazonia, ecología, medio ambiente, Brasil
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