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    Jueza de Ecuador declara validez del proceso que investiga a expresidente Correa

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    QUITO (Sputnik) — Una jueza ecuatoriana declaró la validez procesal de lo actuado en el caso que investiga presuntos aportes irregulares, entre 2012 y 2016, al movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

    "La jueza Daniella Camacho, luego de haber revisado los argumentos presentados por las partes procesales, declaró la validez procesal de todo lo actuado hasta el momento", dijo la Fiscalía General de la Nación, luego de la audiencia que se realizó el lunes en la Corte Nacional de Justicia.

    La Fiscalía General del Estado investiga los presuntos aportes realizados por contratistas del Estado, a través de dinero en efectivo o cruce de facturas, en beneficio del movimiento político de Correa.

    En el caso, conocido como "Sobornos 2012-2016", son investigadas 24 personas, incluidos, Correa, su exvicepresidente Jorge Glas (actualmente en prisión por corrupción ligada al caso Odebrecht), el exsecretario Jurídico Alexis Mera, otros altos exfuncionarios del gobierno de Correa y directivos de empresas privadas.

    Los 24 procesados eran investigados por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias; sin embargo, en la audiencia del lunes la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, solo los acusó por cohecho ya que según dijo existe un impedimento legal.

    El cohecho está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y es un delito imprescriptible, que puede ser juzgado en ausencia.

    De los 24 procesados, 22, incluido Correa, fueron acusados de autores del delito y dos como cómplices.

    Durante la audiencia, la fiscal Salazar señaló que la investigación determinó que entre los procesados se formó una estructura integrada por funcionarios públicos, cuyos roles facilitaron la obtención de recursos de manera irregular por parte de empresarios, para el otorgamiento de contratos con el Estado.

    Según la Fiscal, esas adjudicaciones se efectuaban a través de cartas de invitación directas y sus pagos por medio de la modalidad de convenios de pago, figura que en materia de contratación pública no existe.

    Durante la audiencia, la fiscal general aseguró que el proceso no obedece a persecución política como afirman los abogados de los exfuncionarios, sino que se investigó el uso de recursos públicos provenientes de contratación pública y que se ha determinado la existencia de una estructura criminal liderada por Correa y Glas para captar recursos para financiar las actividades de Alianza País (en ese entonces el movimiento político de Correa) y sostener el apoyo popular.

    La Fiscal afirmó también que Correa ubicó a sus funcionarios de confianza de forma estratégica en ministerios que entregaron los contratos a las empresas que pagaron y ofrecieron sobornos.

    En la estructura criminal, según la Fiscalía, también participaron empresarios que tenían contratos con el Estado en el área de sectores estratégicos.

    Los contratistas habrían entregado 5,6 millones de dólares por cruce de facturas y unos 6,7 millones de dólares en efectivo, entre 2012 y 2016.

    Salazar señaló durante la audiencia que para sustentar las acusaciones tiene 587 evidencias o elementos de convicción en contra de los 24 procesados.

    Hasta el momento, la Fiscalía ha presentado 26 de los 587 elementos de convicción; la audiencia continuará el martes.

    Etiquetas:
    justicia, Ecuador, Rafael Correa
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