La decisión se dio por unanimidad de los jueces David Jacho, Wilman Terán e Iván Larco, que integraron el Tribunal.
Durante la audiencia del jueves, el fiscal subrogante Wilson Toainga argumento que la solicitud de detención preventiva por parte de la fiscalía y la aceptación de la medida por parte de la jueza que lleva el caso cumplen con los parámetros de "convencionalidad, constitucionalidad y legalidad".
Toainga afirmó que la fiscalía no responde a cuestiones políticas y que su trabajo es absolutamente objetivo y técnico, con base en lo que disponen la Constitución y la ley, respondiendo así a los argumentos de varios de los procesados, que argumentaron que la medida es exagerada y obedece a represalias políticas.
Los procesados son acusados de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.
Una de las evidencias contra los acusados fue aportada por la exasesora de Correa, Pamela Martínez, quien dijo en una audiencia realizada en agosto pasado que recibió y entregó dinero en efectivo de parte de empresas que aportaron recursos para Alianza País (que en ese entonces era el movimiento político de Correa) y que él conocía de esos aportes.
El expresidente, que residen en Bélgica, rechazó esas acusaciones y aseguró que hay una persecución política en su contra y de sus exfuncionarios.
La audiencia preparatoria del juicio a las 24 personas investigadas en el caso se reinstalará el 11 de noviembre.
